Jalisco y no el estado de Guanajuato, es quién pagará el costo político, social y ambiental si se rehabilita el mega proyecto hidráulico de la presa El Zapotillo, aseguró el académico responsable del departamento de agua, energía y cambio climático de la Universidad de Guanajuato.
Añadió que los intereses que tiene León es asegurar la inversión en el estado y para ello el agua es fundamental.
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“Es más probable que se pretenda empujar el tema de traer el agua de Jalisco porque sería agua cara pero disponible para mantener la dinámica económica que pretende ciertos sectores principalmente el inmobiliario”, dijo Daniel Tagle Zamora, responsable del cuerpo académico, agua, energía y cambio climático en la Universidad de Guanajuato.
Para el Gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, no hay otra opción más que la presa El Zapotillo para combatir la escasez de agua que viven los ciudadanos.
Sin embargo, la decisión y la apuesta por la rehabilitación de la presa trae descontento entre el cuerpo de académicos y especialistas por la inviabilidad del proyecto, refieren que hay estudios que sostienen que el Río Verde pasa por un estrés hídrico.
“Está detenida porque se ha demostrado ambiental, social y económicamente que no es la alternativa, que no es viable”, comentó María González Valencia, integrante del IMDEC.
María González, refirió que desde el 2019 el Gobierno de Enrique Alfaro, ha hecho oídos sordos a las voces de las comunidades afectadas y de los especialistas que proponen alternativas para el cuidado y aprovechamiento del agua.
“El gobierno del estado se niega a responder a revisar de manera pública y con las comunidades los datos técnicos y científicos de ese estudio”, añadió González Valencia.
El hecho más reciente fue el ocultamiento del acuerdo entre el Gobierno de Jalisco y Guanajuato para la distribución del agua del Río Verde, situación que orilló a los habitantes de Temacapulín a meter un juicio de amparo ante su exigencia negada de ser escuchados y tomados en cuenta.
El paternalismo de Enrique Alfaro con el tema del agua ha desencadenado una crítica social, algunos académicos lo definen como autoritarismo.
“En estos casos concretos del agua y sobre todo la presa El Zapotillo no hay una forma de gobernanza que involucre a los actores sociales y comunitarios”, agregó Carlos Armando Peralta Varela, Políticas públicas y gestión pública; Desigualdad, hábitat y conflictos socioambientales.
En lo que va del año el derecho al agua es el más violado por las autoridades estatales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) reporta 343 quejas, siendo el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) la autoridad más mencionada.
En Jalisco no hay una política del agua, puntualizó la integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), sólo responde a la demanda y al acaparamiento por parte de sectores económicos como el inmobiliario y no se tiene una lógica de sustentabilidad, que involucre al ciudadano y a las autoridades de hacerse responsable del cuidado del agua con educación ambiental.
Agregó que traer agua de la presa El Zapotillo significa un aumento en la tarifa de agua, lo que negará el acceso al agua a las personas de bajos recursos y que viven a las orillas de la ciudad, o bien las orilla a la política de acarreo de agua.
A la fecha los jaliscienses han pagado 35 mil millones de pesos en la construcción de la presa, la cual no ha garantizado ni una gota de agua.
JMH