El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Educación capitalina para regular el uso responsable de teléfonos celulares dentro de las escuelas públicas y privadas de la capital.
Durante la sesión legislativa, diputadas y diputados avalaron el dictamen presentado por la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que la propuesta fue enviada a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La reforma sobre el uso de celulares busca establecer lineamientos que promuevan el uso adecuado de dispositivos móviles en los planteles educativos, con el objetivo de evitar distracciones en clase, fortalecer el aprendizaje y contribuir al bienestar de niñas, niños y adolescentes.
En tribuna se destacó que la regulación no implica la prohibición absoluta de los teléfonos celulares, sino la implementación de medidas responsables para su utilización dentro de las escuelas, privilegiando las actividades académicas y la convivencia escolar.
Con esta modificación, la Ciudad de México se suma a otras entidades y países que han impulsado acciones para limitar el uso inadecuado de dispositivos móviles en ambientes educativos, señalaron los congresistas capitalinos.
En tanto, el diputado Alberto Martínez Urincho dio a conocer la fundamentación del dictamen sobre la tipificación del delito de “phishing” en el Artículo 231 del Código Penal capitalino, que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que él preside.
Expuso que el creciente uso de la tecnología también ha generado un aumento de los fraudes electrónicos, y que el marco legal no contempla este tipo de nuevas acciones delictivas, lo que dificulta la persecución y sanción de los responsables.
Ante el Pleno, agregó que la iniciativa define al “phishing” como el delito de quienes lanzan un anzuelo digital para pescar información y datos de las víctimas a través del engaño, haciéndose pasar por instituciones bancarias, proveedores de servicios, instituciones gubernamentales u otras entidades, mediante mensajes de texto, sitios web o llamadas telefónicas.
Martínez Urincho indicó que a nivel nacional se pasó de 300 millones de intentos de ciberataques en el año 2019 a 120 mil millones en 2021, lo que significa que la probabilidad de ser víctima aumentó un 75 por ciento. Esto, añadió, equivale a que cada 39 segundos ocurre un caso; es decir dos mil 200 al día.
La legisladora panista Olivia Garza de los Santos, promovente de esta iniciativa, señaló que este delito afecta principalmente a las personas adultas mayores, y que la seguridad no se construye únicamente en las calles, sino también en los espacios digitales.
CHZ