Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso local en Puebla explicó que en Puebla ya existía el ciberacoso en el Código Penal, pero únicamente como parte de los delitos sexuales, lo que impedía castigar otras formas de violencia digital, cada vez más frecuentes en redes y plataformas y mencionó que ahora con esta nueva reforma legal podrán ampliar el abanico de tipificaciones sobre este delito.
Aunque se podía identificar a quien ejerce el acoso digital, no existía forma de sancionar, ya que no se reconocía como delito fuera del marco sexual. García Chávez señaló que la falta de un marco legal dejaba a las víctimas sin respaldo institucional ni protección jurídica.
En entrevista con Samuel Cuervo para MILENIO Televisión, la diputada detalló que la ley fue aprobada el jueves de la semana pasada y publicada el sábado:
“Sin embargo, no podía hacerse nada porque no se tipifica como un delito, como es la usurpación de personalidad a través de los medios digitales”, puntualizó la diputada local.
La legisladora confirmó que el dictamen se encuentra vigente tras su publicación, aunque aún puede perfeccionarse con ajustes posteriores y agregó que Puebla ocupa el quinto lugar nacional en ciberdelitos.
Casos más comunes de ciberdelitos
Así mismo, García Chávez dijo que este fenómeno ocurre en todo el país, pero requiere medidas locales urgentes para frenar prácticas como el engaño digital, la suplantación de identidad y el robo de datos.
Entre los casos más comunes mencionó el uso de WhatsApp, donde delincuentes se hacen pasar por conocidos para pedir dinero. También destacó el espionaje digital, en el que se accede a dispositivos sin permiso, lo cual tampoco estaba tipificado antes de la reforma.
La ley ahora sancionará a quien suplante instituciones bancarias o finja ser su personal para defraudar usuarios. La presidenta del Congreso local manifestó que estas figuras no estaban contempladas, pero causan daños reales que no podían perseguirse legalmente.
“Este es el espíritu de la ley, este es el objetivo que no podemos dejar de ver, ¿cómo vamos a proteger al ciudadano que esté en estos supuestos?”, cuestionó la diputada, al insistir en la urgencia de garantizar protección frente a estas formas de violencia.
Agregó que se discutió el posible impacto en la libertad de expresión, especialmente en casos de críticas contra servidores públicos. Aseguró que este punto fue abordado en foros antes de presentar la iniciativa, para evitar ambigüedades legales.
AH