El Congreso de la Unión obtuvo una calificación reprobatoria, aunque superior al promedio en América Latina, en el ranking del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), difundido este miércoles por la organización Transparencia Mexicana.
Las características del Poder Legislativo mexicano que le hicieron obtener una baja calificación fueron que no existe una verdadera política de parlamento abierto y que no hay transparencia en las decisiones de los legisladores.
Lo anterior, respecto a las reuniones de cabildeo que realizan con sectores particulares, en los viajes que hacen diputados, senadores y sus asesores, en los regalos que reciben y en la cantidad de dinero público que utiliza cada uno de los legisladores en sus labores.
El Congreso mexicano obtuvo una calificación de 47.4 por ciento en una escala del uno al 100, y se colocó en la posición cinco de los 13 congresos de América Latina que fueron evaluados por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), que reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de la región.
“México se encuentra por encima de la media regional de 39.6 por ciento. Sin embargo, su calificación es reprobatoria”, dice el documento, en su edición 2020.
El índice revela que, en términos generales, “el nivel de transparencia legislativa del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos resulta insatisfactorio respecto del estándar óptimo esperado”.
Explica que estos resultados se deben a la falta de transparencia en la toma de decisiones del presupuesto de la Federación, la falta de regulación al cabildeo que se manifiesta en la falta completa de registros de las actividades de lobby y la no adopción de una política de datos abiertos y de normas que garanticen la calidad de la información de los órganos legislativos y su reutilización.
A pesar de que el Poder Legislativo publica información sobre su funcionamiento, marco legal, presupuesto y contrataciones, entre otros, la Red identificó que “no hay un esfuerzo para que la información esté en formatos accesibles e intuitivos que permitan su visibilidad, consulta y uso por parte de las personas”.
Al respecto, el estudio afirma que donde se obtienen los niveles más bajos de transparencia es en la información presupuestaria del propio Congreso.
“Si bien se conoce el monto de las asignaciones a los grupos parlamentarios, no se publica el gasto desagregado ni las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal, tampoco es posible acceder a un informe de gasto de cada legislador o legisladora”, advierte.
Asimismo, señala que existen limitaciones en la información disponible en ámbitos como la contratación de bienes, servicios y de personal, ejecución del gasto de las fracciones parlamentarias, listado de asesores, sus currículums, y estados financieros de los viajes de los legisladores.
“El Congreso no dispone de información respecto de obsequios a los legisladores y legisladoras ni de los viajes de dichos servidores públicos”, reprocha.
Sin parlamento abierto ni decisiones explicadas
Además, se detectó la inexistencia de planes de parlamento abierto, lo que “le priva también de una herramienta central para dinamizar el proceso de apertura”.
El índice advierte que “la participación ciudadana tiene un impacto muy bajo en la toma de decisiones del legislativo”.
La figura del parlamento abierto no se ha incorporado de manera transversal a las prácticas legislativas, dice, y por el contrario, continúan creándose mecanismos de participación ad hoc, los cuales varían mucho en su alcance y profundidad y, a menudo, no son sustantivos.
El Índice de Transparencia Legislativa también calificó de manera negativa la discusión que se da sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación porque “no se cuenta con información explicativa de la toma de decisiones presupuestales, no se consideran mecanismos de participación ciudadana sustantivos y no se difunden los informes de control sobre las reasignaciones presupuestarias”.
scsa