La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que el Congreso local impugnó el beneficio otorgado por la ministra María Estela Ríos al gobernador Samuel García, que impide separarlo del cargo o inhabilitarlo dentro del juicio político que le inició la Comisión Anticorrupción.
Ricardo Tamez, asesor jurídico externo del Congreso, detalló que fueron interpuestos los recursos de reclamación 53/2026 y 54/2026 derivado de admisión y suspensión dentro de la controversia constitucional 386/2026 otorgada por la ministra Ríos al Ejecutivo estatal.
Tamez refirió que el asunto fue notificado este lunes por la presidencia de la Corte en el sitio web, pero ahora turnado a la ministra Sara Irene Herrerías, a fin de resolver ambos recursos.
“Se admite a trámite el recurso de reclamación 53/2026-CA, promovido por la presidenta del Congreso de Nuevo León (Itzel Castillo) contra el acuerdo que admitió la controversia constitucional 386/2026 El recurso se considera oportuno y se ofrece prueba documental.
“Se admite a trámite el recurso de reclamación 54/2026-CA, promovido por la Presidenta del Congreso de Nuevo León, contra el acuerdo que concedió la suspensión en la controversia constitucional 386/2026.
“Se da 5 días hábiles al Poder Ejecutivo de Nuevo León, FGR y Consejería Jurídica Federal para manifestarse. El asunto se turna a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra como ponente y se agrega copia certificada al expediente de la controversia”, se lee en el extracto dado a conocer.
Es de mencionar que para este tema no hay un plazo para que la Corte resuelva, pues podría hacerlo en sesión pública o resolver y después difundirlo.
“Nosotros vamos a solicitar que se resuelva de manera prioritaria dentro de la agenda de los asuntos de la Suprema Corte”, expuso.
El pasado 13 de julio, la Corte concedió una suspensión al gobernador que impide separarlo del cargo o inhabilitarlo dentro del juicio político que le inició la Comisión Anticorrupción del Congreso local.
La medida no frenó el avance de este procedimiento, según difundió el máximo tribunal.
“Se procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional.
“Es importante reiterar que los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”, estableció la Corte.
En su cuenta de X, la ministra dijo que la autoridad legislativa puede avanzar con las demás etapas de juicio político.
Jueza que frenó proceso fue denunciada
Incluso, una Jueza de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León concedió un amparo al gobernador para frenar la votación del juicio político, tema que ya fue impugnado ante un Tribunal Colegiado.
Se informó que este lunes, Tania Virginia Neri Borjas, jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa fue denunciada por el Congreso ante el Órgano de Administración de Justicia en Ciudad de México, a fin de que sea sancionada.
El amparo otorgado por el Juzgado no está por encima de la decisión del Máximo Tribunal.
La polémica data desde el 12 de junio cuando comenzó el juicio político citado.
Según un calendario circulado a los integrantes de la Comisión Anticorrupción, este 12 de agosto se realizaría una sesión para tratar el tema, pero hasta el momento no se ha hablado del tema.