Al considerar que los hechos delictivos se han agravado en los últimos días por una riña al interior del penal de Apodaca, una crisis del agua y medioambiente exponencial, así como el aumento de casos de covid-19, la Diputación Permanente solicitó, por unanimidad de votos, al Estado un Plan Estratégico para atender las crisis que enfrenta Nuevo León.
Durante la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente, Roberto Farías, diputado local del PAN, dijo que frente a la problemática de seguridad pública, cabe resaltar que el actual Gobierno del Estado confirmó en su cargo al secretario de Seguridad del sexenio anterior, Aldo Fasci Zuazua, funcionario que se dedica a señalar que los delitos irán a la baja.
“Es indispensable una estrategia sólida para prevenir y combatir la inseguridad y violencia en la entidad, la cual hasta el momento luce por su ausencia”, criticó Farías.
Sobre el repunte de contagios de covid-19, que ha impactado en los centros de trabajo y en el regreso a clases presenciales, Farías recordó que el gobernador ordenó un regreso con el 50 por ciento de aforos estudiantiles y después señaló que sería un regreso voluntario, reflejando decisiones contradictorias que contribuyen a la incertidumbre respecto al manejo adecuado de la pandemia en la entidad.
“En el tema educativo es indispensable saber cómo el Gobierno del Estado apoyará a los niños que durante la pandemia se han rezagado en sus estudios por su situación económica y falta de acceso a la tecnología para tomar clases en línea”, enfatizó el panista.
Con la crisis de agua, añadió, es evidente que la escasez por la falta de lluvias y los trasvases del vital líquido de la presa El Cuchillo a Tamaulipas han causado estragos en nuestro estado.
“La realidad es que a pesar de la reactivación de pozos ubicados en la Macroplaza no hay agua suficiente en la entidad, por lo que se requieren planes y acciones en concreto para dar certidumbre sobre el abasto de agua en Nuevo León a corto, mediano y largo plazo”, indicó Farías.
Por último, en el tema de la contaminación, el Gobierno del Estado, dijo, se ha limitado a emitir alertas ambientales, anunciar el impuesto verde y en concreto, tomar acciones para detener las fuentes contaminantes como son las pedreras, las emisiones químicas de la refinería de Pemex, entre otras.
“Frente a los problemas de la seguridad pública, covid-19, la falta de agua y la contaminación, no se requieren más anuncios sino más bien acciones inmediatas y efectivas en el día a día, para resolverlos y dar un rumbo definido al estado de Nuevo León”, concluyó.
Buscarán agilizar adopciones
Por unanimidad de votos, la Diputación Permanente acordó que la Comisión de Legislación realizará una Mesa de Trabajo para analizar la iniciativa que reforma el artículo 732 Bis II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León en materia de agilizar los procesos de adopciones.
En sesión extraordinaria de la Diputación Permanente, Javier Caballero, legislador del PRI, dijo que en la Mesa habrá una participación sobre todo de integrantes del Poder Judicial, jueces especialistas en el tema, expertos en la materia, servidores públicos del DIF, estatal y municipales, así como académicos y gente interesada.
Con estas mesas de trabajo, dijo, se busca analizar la iniciativa de mérito, que tiene como objetivo reducir los tiempos para que un menor pueda ser adoptado, garantizándoles su derecho al interés superior del menor.
También recordó que el coordinador del PRI, Heriberto Treviño, presentó una iniciativa para combatir el rezago en materia de adopciones, que existe no solo en el estado de Nuevo León, sino en todo el país.
“Destacando un estimado a nivel nacional, de que existen más de 30 mil infantes esperando ser adoptados, lo que representa una falta de eficacia en la materia, lo que va en contra del interés superior del menor”, indicó en Tribuna.
Sobre los retrasos en el desarrollo de los mismos se originan por diversos factores, de los que se identifican principalmente dos:
- Exigencias de los adoptantes en torno al adoptado (edad, condición de salud, discapacidades).
- Demoras en el proceso judicial, principalmente por notificaciones a familiares ascendientes del probable adoptado.
La iniciativa, dijo, se aboca al juicio especial sobre pérdida de la patria potestad, específicamente en el tema de las notificaciones relacionadas a dicho procedimiento especial, que se han vuelto un tema complejo, pues algunos jueces tardan en pronunciarse por problemas con las notificaciones a los ascendientes que tienen la patria potestad del candidato a adopción.
Esta semana, el gobernador Samuel García solicitó a Eduardo Gaona, coordinador de Movimiento Ciudadano, apoyar esta iniciativa dado que es un tópico que le interesa a su gobierno.