Al alertar sobre el aumento de casos de abuso sexual contra menores de edad durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) un informe sobre el diseño y la implementación de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar ese delito.
La senadora priista Nuvia Mayorga, promovente del punto de acuerdo, subrayó que, según cifras oficiales, por cada mil casos de abuso a menores solo se denuncian cien y únicamente diez van a juicio, pero de éstos, apenas un caso llega a sentencia.
Remarcó que tan solo durante el mes de mayo del año pasado se registraron más de 115 mil llamadas de auxilio por maltrato y abuso sexual a menores de edad.
Mayorga señaló la necesidad de que el gobierno destine más recursos a la atención de menores víctimas de abuso sexual y prepare de mejor manera a los agentes del Ministerio Público y personal de fiscalías para evitar la revictimización de los infantes.
Al fundamentar el dictamen y pedir el voto de los grupos parlamentarios, la legisladora reafirmó el compromiso del Congreso de la Unión para velar por los derechos de los niños y adolescentes, especialmente en el actual confinamiento.
Agradeció el acompañamiento de quienes han respaldado las acciones para proteger a los infantes en la actual situación y emplazó al Sipinna a informar el avance de la respuesta a las denuncias por abuso sexual infantil.
No obstante, el Sipinna es uno de los organismos bajo cuestionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien alista una iniciativa de reforma administrativa para eliminar instancias autónomas y absorber sus funciones en las diversas secretarías del gobierno federal.
El mandatario consideró que la desaparición del Sipinna generaría un ahorro para la administración federal, en tanto sus tareas serían cumplidas por el DIF.
JLMR