El Congreso de Tamaulipas es uno de los ocho en todo el país con menor presupuesto destinado a vigilar el uso de los recursos públicos por cada habitante. Está por debajo de la media nacional y para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ignora su responsabilidad y se convierten en cómplices de malas administraciones.
Dentro del análisis de cada una de las legislaturas en los estados, el estudio denominado “Congresos ricos, auditorías pobres”, desagregado a partir de sus egresos, el parlamento local solo gasta 27 pesos por persona en la revisión del gasto del mencionado poder, como el Ejecutivo y los organismos descentralizados.
Este número es similar a sus similares de Oaxaca y Aguascalientes, mientras en el Estado de México y Morelos la ejecución para dicho rubro es menor, 16 pesos por habitante. En Veracruz es de 23 pesos y de 25 pesos por ciudadano en Guanajuato y Durango.
Todos están lejos de la media nacional impuesta en 40 pesos promedio, en tanto los diputados locales de Quintana Roo aportan 114 pesos de cada miembro de su población en fiscalizar el dinero público autorizado a cada dependencia. En San Luis Potosí es de 103 pesos, así como de 80 pesos en Zacatecas.
“Los Congresos que no son vigilados pueden ignorar sus responsabilidades y volverse cómplices de malas administraciones. En 2022, el presupuesto de las 32 auditorías estatales asciende a 5 mil 281 millones de pesos, 10 por ciento mayor que en 2021 en términos nominales. Esto significa que los poderes legislativos estatales destinarán en promedio a este rubro un 27.5 por ciento”, dijo el Imco.
La LXV Legislatura está conformada por una mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como segunda fuerza, más la representación del Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.
Gasto y profesionalización
Ante esto, se propuso establecer al menos 20 por ciento del gasto a las auditorías. Esto, para asegurar su funcionamiento y evitar presiones por parte del gobernador o congresistas.
Otra es definir de forma clara el número de habitantes por congresista local en el Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su redacción actual el principio es ambiguo, lo que ocasiona asimetrías en el número de habitantes por representante popular.
Por último, pide “invertir en la profesionalización de los congresos locales y auditorías mediante el servicio profesional de carrera para eliminar el uso de puestos de forma clientelar y partidista en áreas administrativas, de investigación, comunicación y transparencia”.