Aprueban que ASE presente denuncias contra ex ediles

Olga Lucia Romero aclaró que no significa que estos sujetos hayan quedado absueltos de los posibles daños cometidos a la hacienda pública.

Congreso del Estado. (Agencia Enfoque/ Archivo)
Elvia García
Puebla /

En sesión ordinaria el Congreso Local aprobó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), presentar denuncias ante el Ministerio Público contra ex ediles por el probable daño patrimonial causado a la hacienda pública cuando estuvieron al frente de los municipios de Naupan, Petlalcingo, Jonotla y Chinantla.

Además que en caso de que la Fiscalía Especializada Anticorrupción determine si existen elementos para actuar en consecuencia ante algún tipo de delito en materia de corrupción que se haya cometido, los ex ediles involucrados serian, por Naupan, Adán Bustamante Calva en el 2011.

Por Petlalcingo, Isabel Vergara Tapia en el 2012; de Jonatla, Alberto Bautista Sánchez en el 2013; y por Chinantla, José Luis González Enríquez en el periodo del 2014.

Al respecto, la diputada Olga Lucia Romero Garci Crespo, explicó que algunos de los recursos datan del 2011, 2012, 2014, y 2015, por lo que el plazo de tres años para ser atendidos y poder sancionar o iniciar un procedimiento contra los señalados, concluyó sin proceder.

No obstante, aclaró que no significa que estos sujetos de revisión hayan quedados absueltos de los posibles daños cometidos a la hacienda pública, sino que solo se trata de aclarar que administrativamente no se puede adjudicar alguna sanción para determinar su responsabilidad que determinó la Auditoria Superior del Estado.

Por lo qué, ahora procede, que se presenten jurídicamente las denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, para que esta determine si habrá justicia en el ámbito de su competencia.

“La aprobación de estos dictámenes no implica liberar la responsabilidad en la que pudieron o no haber incurrido las personas involucradas, sino que jurídicamente no es posible sancionarlos administrativamente”, aclaró.

Cabe señalar, que la Autoría Superior detectó a tiempo las conductas señaladas y solicitó a las legislaturas pasadas la autorización para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, pero estas tardaron en promedio 35 meses en dictaminar y decretar los inicios.

AFM

LAS MÁS VISTAS