Bajo el asedio de cinco mil disidentes del magisterio que se concentrarán hoy alrededor del Palacio de San Lázaro, las comisiones de Educación Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fueron citadas a votar esta tarde el dictamen de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la expectativa de discutirla y aprobarla el próximo martes en el pleno.
No obstante, de última hora, legisladores de Morena identificados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) propusieron un artículo décimoquinto transitorio para que las relaciones laborales con los maestros se rijan por el apartado B del artículo 123 constitucional y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que a juicio de la oposición abriría la puerta a que el magisterio controle 50 por ciento de las plazas.
“Regresar al artículo 123 apartado B sería corrupción, regresión autoritaria, en donde la sustitución de las plazas sería una por el sindicato y otra por el patrón; es tráfico de influencias, hostigamiento sexual, venta y tráfico de las plazas”, advirtió Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.
En entrevista, el legislador anticipó por ello el rechazo de Acción Nacional a esa modificación y remarcó que las plazas docentes son del Estado mexicano, aunque la parte sindical, de manera inapropiada, considera que son de un “régimen patrimonial”.
Consensuado por los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PRD, el proyecto de reformas constitucionales prevé la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación para ser sustituido con un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, además de establecer expresamente la rectoría del Estado sobre la materia.
El dictamen distribuido la semana pasada reincorpora asimismo la fracción VII del artículo 3 de la Constitución referente a la autonomía universitaria y que había sido suprimido en la iniciativa presidencial.
Romero Hicks confió por ello en la aprobación de la reforma educativa con el más amplio consenso en los términos del dictamen pactado y descartó ceder a presiones de la disidencia magisterial, movilizada este miércoles a las puertas del recinto.
Por separado, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, expresó, sin embargo, el rechazo de su bancada al dictamen, en tanto no incluya un nuevo paradigma educativo y la reinstalación de maestros separados por las evaluaciones de la reforma vigente.
“Hoy por la mañana tuvimos reunión del grupo parlamentario con el secretario de Educación (Esteban Moctezuma) y, en términos políticos, decimos con mucha claridad que no debemos darle mucha prisa; uno, porque entendemos que la reforma educativa es la reforma madre para acabar con el modelo neoliberal y por eso para nosotros es fundamental”, indicó.
La diputada morenista Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, celebró a su vez el amplio consenso generado por el dictamen entre los grupos parlamentarios y confió en que ello se refleje en la votación de esta tarde.
Sostuvo que las principales demandas de los profesores fueron atendidas e incorporadas al dictamen, con la abrogación de la reforma educativa de 2012, aunque reconoció el derecho del magisterio a manifestarse en San Lázaro.
El legislador de Morena y ex dirigente de la CNTE, Azael Santiago, reconoció que el dictamen presenta avances, aunque aseguró que no incorpora al cien por ciento las demandas magisteriales.
Y ADEMÁS
“SIN RECURSOS PARA SALARIOS CAÍDOS”
El gobierno federal no cuenta con recursos para pagar salarios caídos a los profesores cesados por la reforma educativa. El subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, explicó que existen las condiciones legales para dar a docentes los salarios caídos porque fueron legalmente dados de baja. Sin embargo, dijo que se les podrá garantizar su antigüedad continuada.