Si bien había ingresado al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal del estado, a fin de castigar hasta 10 años de prisión contra aquellos que con el rostro cubierto dañen inmuebles considerados como patrimonio histórico, horas más tarde la diputada del PT Guadalupe Muciño Muñoz retiró dicha iniciativa.
A través de su cuenta en Twitter, la petista argumentó que después de las reacciones de grupos de lucha social, decidió retirar la iniciativa: “Soy congruente en todo momento y mis actos van apegados a lo que el pueblo me demande, quiero aclarar que en ningún momento se trató de criminalizar las manifestaciones”.
La iniciativa que estaba en el orden del día en el número 26 de la Sesión Ordinaria de ayer, se retiró, luego que grupos feministas y defensores de derechos humanos se pronunciaron en contra.
La iniciativa buscaba reformar el artículo 413 Ter de dicho Código, que contemplaba considerar como una agravante de delito los daños a bienes muebles e inmuebles, hechos durante una manifestación y cuando la persona que los ocasione se encuentre encapuchada. La pena sería de entre 6 a 10 años de prisión.
“No hay razón ni motivo para cubrirse la cara y dañar lo ajeno, pues las manifestaciones deben ser pacíficas y ordenadas y, en caso de que no fueren así, se sancionará”, señalaba la propuesta.
Ante tal iniciativa, colectivos, organizaciones y activistas del estado criticaron la misma, exponiendo que ésta solo criminalizaba las protestas.
Al respecto, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla (Odesyr Puebla), lamentó que el Congreso Local presente iniciativas que criminalizan las protestas. Sin embargo, en un comunicado, la diputada del Partido del Trabajo (PT) insistió que su propuesta no tenía nada que ver con la lucha social o la libertad de manifestarse: “Es ver el contexto de personas infiltradas en ellos que en ocasiones buscan cambiar el sentido de una manifestación”, dijo la legisladora.
Aceptan renuncia de Herminia Camacho
En sesión ordinaria del Congreso se aprobó la renuncia de Luz Herminia Camacho a la titularidad del Órgano Interno de Control, la cual causó discusión entre los diputados, toda vez que no se explicó el motivo de su salida, además que la misma la pidió desde el 19 de marzo, con efectos del 1 de abril y fue recibida hasta el pasado 1 de junio.
Tras más de dos horas de discusión, y si bien el oficio de notificación se entregó durante la sesión, fue por mayoría de votos que se aceptó la renuncia.
El presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro, explicó que la renuncia se recibió el 1 de junio, así que esa era la fecha en que surtió efecto, no el 1 de abril, como establecía el acuerdo. Sin embargo, no aclaró quién es el encargado de despacho ni desde cuándo dejó de cobrar.
Por último, los diputados del PRI, Javier Casique y Rocío García Olmedo; así como el del PT, José Juan Espinosa Torres, criticaron el ingreso de renuncia hasta esta sesión.
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