La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, presentó una iniciativa de reformas al artículo 19 constitucional para incluir el cierre de vías de comunicación terrestre en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El proyecto turnado para dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales subraya que en los últimos meses se han presentado cierres arbitrarios de vías de comunicación a lo largo del país, ya sea por contingentes de manifestantes o grupos de la delincuencia organizada.
- Te recomendamos De la ficción a la vida real, la forma en que roban mercancías en carreteras del Edomex Comunidad
“Estos actos no solo ponen en riesgo la movilidad y la seguridad de las personas, sino también representan pérdidas económicas millonarias para el comercio mexicano, tanto para grandes empresas, como pequeños y medianos comerciantes, así como para quienes deben esperar por horas la liberación de las vías incomunicadas”, sostuvo la diputada Guerra.
Según datos de empresas privadas concesionarias de autopistas, así como de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la pérdida por la toma de casetas en los primeros dos años del actual gobierno se estimó en 7 mil millones de pesos y en promedio se perdieron 2 mil millones por interrupciones en las cadenas de suministro.
La legisladora priista recordó además que el cierre de vías del tren en Michoacán genera una pérdida de más de 150 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación de Industriales de Michoacán.
“La situación es grave y las acciones realizadas por el gobierno federal y los gobiernos locales no son suficientes, por lo que es necesario buscar mecanismos que permitan salvaguardar las vías de comunicación terrestre y el flujo de mercancías para evitar seguir golpeando a empresas y comerciantes, pequeños y medianos, que experimentan grandes pérdidas por estas acciones”, puntualizó.
La iniciativa busca incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el cierre de vías de comunicación terrestre, con el propósito de desincentivar que manifestantes o grupos criminales ejecuten estas acciones.
Prevé la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por el cierre de carreteras en los ámbitos estatal y municipal.
scsa