El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas para garantizar un gasto anual en salud equivalente a por lo menos seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y, de ese monto, destinar dos terceras partes a la prestación gratuita de servicios médicos, medicamentos y demás insumos asociados.
Al fundamentar el proyecto de modificaciones a la Ley General de Salud, la legisladora priista Sue Ellen Bernal sostuvo que las decisiones y acciones del gobierno federal en los últimos años han agravado la situación de un sector que, si bien padecía problemáticas, hoy se encuentra en una severa crisis que ha afectado a las instituciones, al personal de salud y a la población que requiere atención médica.
Remarcó que la salud de la población no es cuestión de ideologías ni de colores partidistas.
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Por separado, el también diputado priista Carlos Iriarte propuso una adición a la Ley General de Salud destinada a garantizar la integración y el reconocimiento legal del cuidador primario, asistente personal o persona de apoyo como coauxiliar del equipo de salud, de manera integral.
Subrayó que dicho sector puede tener tal reconocimiento antes, durante y después de la estancia hospitalaria de los pacientes pediátricos y las personas adultas o adultas mayores que requieran de atención constante y específica por edad, diagnóstico o discapacidad.
“Lo anterior evitará la ambigüedad jurídica que se asocia a la violación de derechos y la precarización de las condiciones socioeconómicas”, dijo.
Iriarte detalló que, hasta 2015, los adultos mayores conformaban el 10 por ciento de la población nacional y para 2030 serán el 15 por ciento.
“Esto último como resultado del incremento en la esperanza de vida y, si bien este dato es una buena noticia, también implica que cada vez más mexicanas y mexicanos realizarán labores completas o parciales de cuidado a un familiar o allegado”, agregó.
Planteó, por ello, que el reconocimiento de la figura de coauxiliares es un primer paso legal para que estas personas cuenten con el acompañamiento suficiente, desde el Estado, en materia de capacitación, información e, incluso, laboral salarial.
scsa