El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, presentará hoy una iniciativa para equiparar la utilización de armas de juguete en hechos violentos con los cometidos por armas de fuego, y aplicar penas que van de los 2 a los 6 años de cárcel.
De acuerdo con el ex jefe de Gobierno, se trata de violencia moral equiparada porque en la comisión del delito la víctima no puede saber no se trata de un objeto letal, por lo que se trata de un agravante que se debe incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de Armas Réplica.
“También se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima”, dice la propuesta.
Jalisco y la propia Ciudad de México ya tienen legislaciones al respecto y sólo en la capital del país se presentaron 28 casos de robo agravado y robo calificado cometidos con armas réplica por 41 personas en contra de al menos 34 víctimas entre abril y octubre de este año.
“Aún y cuando se haya amagado a las víctimas con un arma réplica, la misma no es considerada un arma de fuego. No se consideró un medio violento con arma de fuego, no se consideró como violencia moral equiparada ya que no se venció la resistencia de la víctima cuando el imputado la amenazó”, explica el ex procurador en la exposición de motivos.
En esos casos se les dejó libre porque las réplicas no están consideradas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que al ser de municiones, no son para causar daño a las víctimas sino que se trata sólo de violencia moral.
“No se utilizó arma de fuego, sino de plástico”, explica entre otros criterios más.
Las víctimas identificadas que presentaron denuncia por estos delitos ascienden a 24, aunque podría haber un número mayor no determinado por dos casos de robo a los usuarios de una unidad de transporte público, uno en un café, otro en una veterinaria, uno más en una tienda naturista, otro en una empresa y uno en una tienda de abarrotes.
En todos los casos se negó la prisión preventiva oficiosa cuando se solicitó y solamente se autorizaron medidas cautelares de presentación mensual o quincenal, no acercarse a la víctima ni al lugar de los hechos o sólo una garantía económica menor.
De las 12 personas que quedaron en prisión (29 por ciento), los criterios de los juzgadores se inclinaron por establecer el acreditamiento de la violencia moral equiparada por el uso de una pistola aunque no sea arma de fuego.
OVM