En Puebla el gobierno del estado, plantea prohibir la construcción de asentamientos urbanos irregulares en zonas de alto riesgo. Además que los funcionarios que autoricen o sean omisos ante estás acciones, recibirían hasta 15 años de prisión.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta, dentro de la iniciativa que envió al Congreso Local, busca establecer en Puebla penas de hasta 15 años y multa de 48 mil 110 pesos para los funcionarios que autoricen o aprueben construcciones en zonas irregulares o de riesgo, esto con el fin de evitar que se sigan dando los asentamientos en áreas no aptas para viviendas.
De acuerdo con la iniciativa para reformar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y del Código Penal, el mandatario dijo que, resulta imprescindible, promover el orden en el desarrollo urbano, así como prevenir asentamientos irregulares y más si estos pudieran derivar en pérdidas humanas y materiales.
Por ello, se busca imponer una pena de cuatro a 10 años de prisión, así como una multa de 80 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 17 mil 697 a 48 mil 110 pesos, de acuerdo con el articulo 199 Ter contra los funcionarios públicos que:
“Realicen actos u omisiones para alentar, autorizar, aprobar, otorgar, conceder y/o permitir la fundación de asentamientos humanos irregulares o en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes de Desarrollo Urbano respectivos”
Aunque en el artículo 199 Quater se propone que la pena de prisión subiría hasta en una mitad, quedando de ocho a 15 años, cuando la construcción sea sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda.
Además, se propone modificar el artículo 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el fin de prohibir los asentamientos humanos de cualquier índole, en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales, así como en las zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño.
CHM