El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, exigió al presidente Enrique Peña Nieto la revocación inmediata de los diez decretos publicados el 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación que eliminan la veda y en el que se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.
En tanto, el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dijo que las concesiones son revocables.
"Me parecería grave que fuera contrario a la Constitución o que fuera contrario de las leyes, sin duda, sería algo grave", dijo.
En la próxima sesión, Ricardo Monreal presentará un punto de acuerdo para solicitar al Presidente abstenerse de otorgar nuevas concesiones al amparo de estos decretos y, en coadyuvancia con las fuerzas políticas representadas en el Congreso, promover una discusión nacional para construir un nuevo modelo de gobernanza hidrológica que garantice la preservación del recurso en beneficio de los mexicanos.
El legislador dijo que los decretos de reserva de agua superficial aprobados en junio abren la puerta para que se concedan concesiones a empresas privadas de forma poco transparente.
Monreal Ávila aseguró que Conagua podría otorgar concesiones para que mineras, petroleras y empresas al servicio de algunos municipios accedieran a las cuencas antes que los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rural.
Los decretos suprimen zonas de veda y establecen reservas de agua en zonas y ríos seleccionados: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca).
San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan- Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
Diversas organizaciones académicas y sociales adviertes visos de ilegalidad en los decretos, entre ellos anormalidades en el proceso de mejora regulatoria y afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
“La expedición de estos decretos es una facultad expresa que le otorga la Ley de Aguas Nacionales al titular del Poder Ejecutivo Federal. Existen serias preocupaciones sobre sus alcances e implicaciones por parte de académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, particularmente sobre aquellas concesiones que, bajo el amparo de los nuevos decretos, empiecen a operar en favor de los particulares”, destacó.
OVM