La Diputación Permanente del Congreso local exhortó a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado, para que en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) replique el decreto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de liberar a los presos de más de 75 años y detenidos por delitos no graves, que tengan 10 años en espera de una sentencia o que sean víctimas de tortura.
María Dolores Cantú, coordinadora de la bancada del partido Nuevo Alianza, explicó que el decreto presidencial entrará en vigor el 15 de septiembre, por lo que llamó a Nuevo León a ajustarse a las circunstancias de la situación penitenciaria de la entidad.
“Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6 mil personas condenadas, o en prisión preventiva, por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas”, indicó la legisladora.
La iniciativa presidencial responde, entre otras cosas, a lo preceptuado por el Artículo 17, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
“También, atiende lo dispuesto por el artículo 20 Apartado B, de la misma Constitución, que se refiere a los derechos de toda persona imputada, respecto de ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa”, manifestó.
En la conferencia mañanera del 29 de julio, López Obrador informó que se elaborará un decreto para liberar a presos de más de 75 años y detenidos por delitos no graves, que tengan diez años en espera de una sentencia o que sean víctimas de tortura, el cual entrará en vigor el 15 de septiembre.