El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mariol Delgado, desestimó la consulta sobre la ampliación de mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, al subrayar que ese ejercicio “no tiene ninguna consecuencia jurídica”.
Subrayó que la decisión de aumentar de dos a cinco años el periodo del mandatario entrante al frente del gobierno estatal corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La encuesta Bonilla, es un ejercicio que convocó el Congreso del estado, ellos tienen la posibilidad de hacer eso, finalmente es el Congreso de un estado libre y soberano, (pero) hay que recordar que esa consulta no tiene ninguna consecuencia jurídica y, como dijo el Presidente de la República el fin de semana, el asunto de Baja California lo va a tener que resolver la Suprema Corte de Justicia”, puntualizó el también líder parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro.
Por separado, los coordinadores de MC, Tonatiuh Bravo, y del PRD, Verónica Juárez, calificaron de ilegal e ilegítima la consulta celebrada ayer en Baja California, con la pretensión de ampliar el mandato del petista Jaime Bonilla.
“Desgraciadamente es una pena que la haya programado el congreso del estado de Baja California, pero es una consulta fuera de la ley, de la propia ley de Baja California; no se respetó el tiempo, no se respetó la forma y tampoco se respetó la autoridad que debe realizarla, que es el instituto electoral”, puntualizó Bravo.
La lideresa de la bancada perredista, Verónica Juárez, señaló a su vez que la consulta impulsada por Bonilla violenta la democracia y el mandato de los ciudadanos que lo eligieron por dos años.
“La ilegalidad de la consulta reside no solo en la falta de legitimidad del proceso en sí mismo, sino también en que las preguntas planteadas fueron amañadas y direccionaban la opinión de quienes participaron”, dijo.
Advirtió por ello que el grupo parlamentario del PRD seguirá los cauces legales para evitar el atropello e ilegalidad: “vamos a insistir en someter a juicio político a los legisladores locales que avalaron la Ley Bonilla, mediante una reforma a la Constitución de Baja California”.
AE