Por primera vez, tras advertirse órdenes de aprehensión en su contra pero sin mencionar a Genaro García Luna, la familia Weinberg emitió un comunicado en el que sostiene que los contratos otorgados en sexenios pasados, y que la Unidad de Inteligencia Financiera califica de fraudulentos, fueron auditados sin detectarse irregularidad alguna, nunca incurrieron en algún incumplimiento y colaboran en la investigación que realiza Estados Unidos.
Después de que esta semana el titular de la UIF, Pablo Gómez, ventiló más movimientos de la presunta red de corrupción del ex secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio panista de Felipe Calderón, Genaro García Luna,la familia Weinberg habló por primera vez tras cuatro años de señalamientos.
“Escribimos estas líneas después de varios años de guardar silencio para no afectar el curso de las investigaciones en las cuales hemos sido involucrados. Durante más de cuatro años, nuestra presunción de inocencia ha sido violada, pues hemos sido juzgados tanto por la opinión pública como por diferentes actores políticos, que basan su juicio en conjeturas y especulaciones”.
Aseguraron que durante 35 años han sido “proveedores estratégicos” en seguridad nacional, no sólo en México sino en Latinoamérica, cumpliendo siempre con sus compromisos contractuales.
Destacaron que los contratos otorgados a sus empresas, incluyen, incluso, los últimos cinco sexenios y en los que señala la UIF, nunca se tuvo observación alguna.
“Los contratos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insiste en calificar de ‘ilegales’ y ‘fraudulentos’ han sido revisados por la Auditoría Superior de la Federación, según se desprende en las auditorías 45-GB (cuenta pública 2014), 14-GB (cuenta pública 2015) y 18-GB (cuenta pública 2017). Como resultado de estas auditorías (además de las que realizó la Secretaría de la Función Pública por medio de los Órganos Internos de Control, no fuimos notificados de observación o de irregularidad.
“Entre otros, durante las auditorías se constataron las facultades legales de todos los funcionarios y apoderados vinculados a los contratos, así como la utilidad de los entregables. Claramente (y contrario a lo manifestado por la UIF), en ningún momento existió algún desvío de recursos.
"Los contratos formalizados fueron adjudicados con el otorgamiento de fianzas de garantía y cumplimiento (lo cual descarta cualquier intención fraudulenta) y el objeto fue cumplido de manera satisfactoria como consta en las actas de entrega-recepción”.
Y sin dar detalles de la operación a la que se refieren, sostienen que “gracias a nuestro apoyo oportuno, a nuestro personal y a nuestra tecnología, el gobierno federal actuó para evitar un evento de alto impacto en seguridad nacional e internacional”.
La carta está firmada con las iniciales de Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weinberg y Natan Wancier, quienes fueron exhibidos directamente esta semana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de quienes se habrían librado órdenes de aprehensión.
Los Weinberg además aseguraron que en todo momento han cooperado con las autoridades de Estados Unidos sobre la investigación de los contratos y sus operaciones financieras, refiriéndose a la demanda que interpuso México en Florida para la entrega de decenas de propiedades.
MILENIO reveló la lista de estas propiedades que se ubican principalmente en Miami, una de éstas, la segunda más cara valuada en 2.2 millones de dólares, es un departamento que se encuentra en una isla exclusiva con acceso restringido, en una de las zonas más cotizadas y que está identificada como propiedad de uno de los implicados, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, a quien se le acusa de haber sido socia de García Luna.