La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados consensuó un proyecto de reformas al Código Penal Federal para imponer una sanción de entre uno y diez años de cárcel a quien cometa un delito contra el personal del Sistema Nacional de Salud durante una contingencia sanitaria, emergencia o desastre natural.
Asimismo prevé la penalidad de uno a tres años de prisión a quien incurra en el delito de discriminación por “condición laboral o desempeño de actividad relacionada con la mitigación de una emergencia sanitaria o desastre natural”.
En reunión virtual, la presidenta de la comisión legislativa, Pilar Ortega, subrayó que el proyecto tiene el consenso de las fuerzas políticas de San Lázaro, por lo que será llevado a discusión en el pleno en cuanto las condiciones sanitarias por la pandemia de covid-19 permitan reiniciar las actividades presenciales.
La legisladora del PAN precisó que el objetivo de las reformas es castigar los delitos cometidos contra el personal de salud y de los servicios de emergencia, así como de las fuerzas armadas en funciones de auxilio, en el contexto de una contingencia sanitaria o desastre natural.
De acuerdo con el dictamen, el artículo 190 del Código Penal Federal quedaría en los siguientes términos:
“Al que cometa un delito contra el personal del Sistema Nacional de Salud, los cuerpos que presten servicios de emergencias o de las fuerzas armadas en funciones de auxilio durante el tiempo que corresponde a una contingencia sanitaria, emergencia o desastre natural, declarado en términos de la ley por la autoridad competente, se le impondrá de uno a diez años de prisión, además de la pena que le corresponda por el delito cometido”.
Asimismo se propone incorporar a Ley General de Salud sanciones administrativas para quien cometa o inste a cometer actos de violencia contra el personal de salud.
La diputada Lorena Villavicencio, de Morena, sostuvo que el proyecto es un manifiesto público sobre las acciones para salvaguardar la integridad de médicos, enfermeras y demás personal que conforma el sector sanitario.
En su turno, la también morenista Claudia Pérez remarcó la urgencia de proteger al personal de salud, incluyendo a los técnicos de mantenimiento, tanto de instituciones públicas como privadas.
La priista Mariana Rodríguez señalo que la reforma es un tema de justicia elemental para el personal que diariamente arriesga su vida para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía.
jlmr