La subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) documentó más de 159 agresiones contra personal médico cometidas por funcionarios públicos.
Dentro de las denuncias interpuestas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por personas que han sido obligadas a continuar trabajando, el 32.1 por ciento tienen factores de riesgo ante covid-19 y 18.2 por ciento son de personas que, sin realizar alguna actividad esencial, siguen asistiendo a trabajar.
“En Chihuahua, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó sobre el fallecimiento de 13 trabajadoras de la maquiladora Lear Corporation. Es importante resaltar que, hasta el 14 de abril, de 16 fallecimientos registrados en el estado, 13 eran de trabajadoras de la maquila.“En Baja California se registraron 60 casos confirmados de personas trabajadoras de maquilas que contrajeron covid-19, hasta el 22 de abril, de acuerdo con datos del IMSS y en voz del Secretario de Salud del estado.
Conapred ha recibido 159 quejas relacionadas con covid-19 de personal médico, de limpieza y pacientes diagnosticadas con SARS-CoV2.
“Se han registrado al menos 47 casos de agresiones contra personal de salud, en 22 estados de la República. Predominan el personal de enfermería (80 por ciento de las agresiones registradas) y las mujeres (70 por ciento de las agresiones registradas).“Jalisco es el estado con el mayor número de agresiones registradas (siete eventos). El patrón común es rociar a la persona con algún líquido de limpieza (frecuentemente cloro), así como negar acceso a unidades de transporte público o comercios.
“Las más graves, aunque puntuales, incluyen amenazas de muerte, una de ellas con arma de fuego. En tres eventos de los que se tiene registro, las personas agresoras han sido detenidas y vinculadas a proceso judicial.
“El Instituto Mexicano del Seguro Social ha registrado 21 agresiones al personal de enfermería en 12 entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango.
“Se han presentado casos de amenazas sobre daño a la infraestructura hospitalaria en algunas comunidades, lo cual dificulta garantizar la atención médica en estos lugares. Los pobladores, por miedo a contagios, se niegan a que los hospitales sean centros de atención covid-19, pues parten de la idea de que serían para atención externa y niegan en todo momento la necesidad de atención en las propias comunidades”.
Destaca la denuncia realizada por un médico del Hospital General Amparo Pape de Benavides en torno a la actuación de policías municipales de San Buenaventura, Coahuila, éstos lo golpearon y detuvieron arbitrariamente al impedirle el acceso al municipio en el cual se encuentra su domicilio, aparentemente por motivo de su profesión, para evitar contagios de covid-19, de acuerdo a la declaración.
Se tienen registrados cinco incidentes en que se ha dañado o amenazado infraestructura pública de salud: en Axochiapan, Morelos; en Sabinas Hidalgo, Nuevo León; y Tecamachalco, Puebla y Estado de México. Destaca el caso de la clínica del IMSS en Los Reyes, Michoacán, donde presuntos pobladores del lugar amagaron con quemar a las personas que fueran atendidas por covid-19 en esa unidad.
Covid-19 no frenó desapariciones
Desde el mes de marzo y hasta el 23 de abril del presente año, la Comisión Nacional de Búsqueda ha registrado 237 personas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales 132 son hombres y 105 mujeres.
La búsqueda inmediata de estas personas durante la contingencia ha tenido como resultado la localización de 87 personas, que significa el 36.7 por ciento de del total. De éstas, 35 hombres y 48 mujeres fueron localizados con vida, y tres hombres y una mujer sin vida.
También documentó durante la contingencia del covid 19 acciones que clasificó de autoritarias como el “toque de queda” en 31 municipios de 11 estados, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.
“El gobierno del estado de Sonora anunció desde el 13 de abril el programa “Quédate en casa obligatorio fase 2”, como acuerdo del Consejo Estatal de Salud, imponiendo multas a las personas por incumplir el confinamiento obligatorio y facultando a las corporaciones policiales a arrestar con uso de la fuerza pública a las personas. Además, 11 municipios del estado han decretado “toque de queda” en distintos horarios.“Los gobiernos de Michoacán y Jalisco decretaron el aislamiento obligatorio, señalando sanciones como multas, arrestos y trabajo comunitario a la persona que lo incumpla, lo que puede llevar al uso desmedido y arbitrario de la fuerza pública”, de acuerdo con el documento “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19”.
Los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León anunciaron el cierre de fronteras entre sus estados con el uso de retenes y el control estricto de los 21 puentes fronterizos entre sus entidades con Estados Unidos.
Por su parte, “el gobernador de Michoacán anunció el cierre de las fronteras de su estado. Medidas que por su complejidad no han podido implementarse y han ocasionado abusos de la autoridad de elementos de seguridad pública”.
En 340 municipios de 15 estados se ha restringido o controlado el acceso por autoridades municipales o la propia población de forma continua o intermitente en algún momento de la contingencia. Esto equivale al 20% de los municipios del país en cerca de la mitad de los estados.
Los estados con mayor número de accesos restringidos por el número de municipios son: Campeche 100 por ciento; Guerrero, 80; Veracruz, 36 y Oaxaca, 25.
También se documentó agresiones de servidores públicos. “Se registró un caso en el que se han impuesto penas corporales degradantes a las personas con el supuesto fin de hacer cumplir el llamado al resguardo domiciliario con tolerancia de la autoridad municipal, como ocurrió en Teloloapan, Guerrero y fue perpetrado por la Policía Comunitaria Tecampanera que golpeó a jóvenes “que no acataron las medidas de quedarse en casa”.
Gobernadores no cumplen con acuerdo en manejo de cuerpos
Los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León anunciaron a principios de abril que todos los cuerpos de personas que hayan fallecido a causa de covid-19, serían cremados, y contraviene lo dispuesto en la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, que establece: “los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados.
La Ley General de Salud faculta a la Secretaría de Salud para dictar medidas extraordinarias y atender una emergencia sanitaria que vincule a las autoridades locales en situaciones extraordinarias como la presente. Ante esta situación, la Secretaría de Salud y Segob publicaron el 17 de abril del presente año, el “Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados o identificados, pero no reclamadas fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 y se sugieren medidas para el registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria”, al que deben sujetarse todas las autoridades.
Dado aumento en las defunciones a causa del virus, será necesario que éstas se registren en el menor tiempo posible, a efecto de disponer el cuerpo de la persona fallecida para su incineración o inhumación a la mayor brevedad y evitar acumulación de cuerpos y contagios.
En la Ciudad de México 78 personas privadas de su libertad del fuero local fueron beneficiadas por un mecanismo de preliberación y están siendo analizados más expedientes. Las personas beneficiadas obtuvieron su libertad por razones humanitarias relacionadas a su edad, por tener una enfermedad crónica o terminal, o por ser perseguidas por la comisión de un delito patrimonial sin violencia.
jlmr