Con el acceso a los datos de localización de los teléfonos celulares, acción que los gobiernos del mundo, ponen en marcha como parte de las medidas para contener al Covid-19, está en riesgo la privacidad de los individuos, afirman más de cien organizaciones de derechos humanos y civiles de varias partes del mundo.
“El aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación”.
Ello “podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública”.
Señalan que también representaría “un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas”.
En un extenso documento sobre este tema firmado por: Amnistía Internacional, Artículo 19, Comité por la Libre Expresión (C-Libre) Committee to Protect Journalists, Human Rights Watch y PEN International, entre otras muchas, califican a la pandemia de Covid-19, como “una emergencia global de salud pública”.
Eso, añaden, resalta la obligación que tienen los gobiernos del mundo de promover “una respuesta coordinada y en gran escala”.
Sin embargo, lo anterior no debe ser pretexto “para encubrir el inicio de una nueva era marcada por una enorme expansión de los sistemas de vigilancia digital invasiva”.
En ocho puntos, piden que cualquier medida de vigilancia que sea adoptada por parte de los gobiernos que pretendan abordar la pandemia deben ser legales, necesarias y proporcionadas”.
En el primer punto se alerta “no podemos dejar que la pandemia de Covid-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada”.
Otra demanda es que los gobiernos del mundo "tendrán que garantizar que el aumento de la recopilación, conservación y agregación de datos personales, incluidos los relativos a la salud, tiene como único fin responder a la pandemia de Covid-19”.
Piden que los diferentes Estados del planeta, garanticen la protección de los datos personales.
Por lo que se urge a “garantizar la debida seguridad de los datos recopilados y de los dispositivos, aplicaciones, redes o servicios utilizados en su recopilación, transmisión, tratamiento y almacenamiento”.
Señalan que “si los gobiernos firman acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado, deben hacerlo basándose en la ley y la existencia de tales acuerdos, así como la información necesaria para evaluar su impacto en la privacidad y los derechos humanos”.
En definitiva insisten que “la gestión de la pandemia” debe darse con responsabilidad y “que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respete plenamente los derechos humanos”.