Al iniciar la Fase 3 de la contingencia por el coronavirus covid-19, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados instó al gobierno federal, estados y municipios a establecer plena coordinación y conformar un frente común para salvar el mayor número de vidas.
La Jucopo llamó a las entidades federativas y a los ayuntamientos a seguir los parámetros del Consejo de Salubridad General y subrayó que, aun cuando algunas disposiciones de la autoridad sanitaria son de carácter obligatorio, “en ningún caso pueden implicar suspensión o violación de derechos humanos”.
En un pronunciamiento suscrito por los coordinadores de las ocho fracciones parlamentarias de San Lázaro, se advierte asimismo que las medidas administrativas y sanitarias, además de proteger la salud, deben asegurar el acceso a bienes y servicios básicos para proteger la vida y la alimentación de las personas, proteger las finanzas de las familias y reducir los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Ante la declaratoria de la Fase 3 de la contingencia, la Junta de Coordinación Política encabezada por el líder parlamentario de Morena, Mario Delgado, remarcó:
“Para hacer frente a los efectos más graves de la pandemia es necesaria la plena coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos para que, en el ámbito de sus competencias, tomen las acciones necesarias para hacer un frente común en que el centro de sus decisiones sea salvar el mayor número de vidas”.
Delgado subrayó que dichas decisiones deben estar sustentadas en evidencias científicas y las mejores prácticas, tanto internacionales como nacionales, en las que haya estrecha colaboración de los sectores productivos y sociales.
Los líderes parlamentarios señalaron que las medidas administrativas y sanitarias de los gobiernos estatales y municipales deben seguir como parámetro mínimo indispensable la ruta que dicte el Consejo de Salubridad General.
“No obstante que algunas disposiciones de la autoridad sanitaria tienen carácter de obligatorio, toda autoridad está obligada a respetar y proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución federal y las constituciones locales (…), por lo que, en ningún caso, dichas medidas pueden implicar suspensión o violación de derechos humanos”, puntualizaron.
jlmr