Ante la pandemia de covid-19, el Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá que acatar una resolución judicial que le obliga a la liberación inmediata de personas migrantes adultas mayores, niñas, niños y adolescentes o pertenecientes a grupos en situación de riesgo, que tengan detenidas en sus 33 estaciones migratorias y en sus 10 estancias provisionales existentes en México.
Otras medidas a las que está obligado el INM es a la regularización migratoria temporal y a dar acceso a servicios de salud y programas sociales para las personas migrantes.
Lo anterior es resultado de una resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Son medidas, calificadas de urgentes y cuyo objetivo es “proteger la salud, vida e integridad de las personas migrantes que se encuentran privadas de la libertad”.
En un comunicado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se informó que dicha resolución “fue obtenida como una medida de suspensión de plano”.
Fue la propia CMDPDH, quien presentó un amparo en contra del INM a favor de los migrantes detenidos “por no adoptar e implementar protocolos adecuados de atención al interior de las estaciones migratorias y estancias provisionales frente a la pandemia de covid-19”.
No obstante esa resolución, “no impide que el INM repita las acciones que han puesto en peligro a miles de personas migrantes, ya que los arrestos migratorios en las calles no fueron suspendidos”.
AE