El presidente del Colegio de Abogados capítulo León, Jorge Marcelino Trejo, calificó de inconstitucional la fórmula con la que pretende sancionar el municipio de León con las personas que no porten cubrebocas o bien realicen reuniones en su domicilio, pues los sancionados podrían promover un amparo, toda vez que no ha sido acordada en sesión del Ayuntamiento.
Por lo que la recomendación es que antes de anunciar las medidas deberán de pasarse por el cabildo, y después de acordada la iniciativa, con reglas claras podrán aplicarse las sanciones.
“Constitucionalmente lo que debe ser es que el gobierno de la república a través del gobierno federal a través de un decreto por existir una emergencia sanitaria se suponía que tiene facultades de emitir una alerta o emergencia sanitaria y es quien en un momento dado por un decreto impedir el libre tránsito o suspenderlo de momento”.
Toda vez que hasta el momento la Secretaría de Salud a nivel federal solamente ha urgido a la población a quedarse en casa sin “ir más allá” por lo que no se ha determinado a los estados esta condición.
“Tampoco gobierno del estado, lo único que ha dicho es que se queden en casa y que tomen sus medidas para prevenir los contagios. Al no haber ese acuerdo o ese comunicado con forme a la constitución del estado, lo que se hace es que pues los municipios tienen facultades para que puedan tomar acuerdos”.
Trejo agregó que lo que debería de suceder es que en sesión ordinaria contemplar dentro de los acuerdos el planteamiento de sancionar a la gente que se encuentre en la calle y que no porte su cubrebocas.
“Y que rectifiquen o salven la plana en el sentido de que puedan en un momento dado hablar de la multa, decir no lo acordamos en sesiones al interior del ayuntamiento, teniendo facultades, la ley ahí está y hay que saber usarla” concluyó.
En tanto se espera que esta semana el cabildo leonés celebre la sesión correspondiente a fin de aprobar el acuerdo necesario que permita la aplicación de sanciones por no portar cubrebocas o celebrar reuniones para lo cual se espera facultar a todos los inspectores de la Dirección de Salud a fin de que puedan imponer dichas medidas.
Hoy el apercibimiento lo están realizando los elementos de Protección Civil, al ser los facultados por reglamento. De acuerdo información emitida por el municipio la multa a aplicar por violar las disposiciones sanitarias emitidas asciende hasta los mil 600 pesos, mismas que podrían conmutarse si así lo decide el juez cívico por servicio comunitario.