La dirigencia nacional del PRD advirtió que México atraviesa una crisis sanitaria causada por el covid-19, cuyo manejo ha tenido repercusiones sociales, económicas y de salud que demandan cambiar la estrategia, superar la discordia y trabajar coordinada y eficazmente contra el enemigo común que es la pandemia.
En una carta firmada por la dirigencia nacional del partido y dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores integrantes del Congreso de la Unión, señalaron que más allá de interpretaciones e intereses de grupo, refirieron que el subsecretario Hugo López-Gatell ha endosado la responsabilidad de la pandemia a los gobiernos estatales, al señalar una supuesta crisis de coordinación nacional y falta de corresponsabilidad de los gobiernos para mantener la credibilidad del semáforo epidemiológico y la información del desarrollo de la pandemia en los estados y municipios.
En este marco, aseguraron que casi el 70 por ciento de la ciudadanía desconfía de la información oficial que se emite cotidianamente. Además, México tiene la tasa de letalidad más alta y los niveles de contagio entre personal médico más alto del mundo.
Asimismo, en la nueva normalidad y de apresurada apertura social y económica, se multiplicaron al triple los contagiados, superando los 300 mil casos, en tanto los muertos ya rebasan los 35 mil.
Además, señalaron que pese a los intentos de minimizar y desacreditar las comparaciones con otros países, México ha superado a naciones como Francia, España e Italia, en número de contagios y a Japón (con una población similar a la de México) que tienen menos de mil muertes por covid-19, lo que deja ver que la pandemia “está fuera del control de las autoridades”.
Por ello, la dirigencia perredista propuso que el Consejo Nacional de Salubridad organice un nuevo equipo de expertos independientes, que coadyuven al inmediato diseño y puesta en práctica de la nueva estrategia, la cual deberá abandonar el método centinela y las confusas contradicciones entre los mensajes del Presidente de la República y los de dicho Comité.
Además, garantizar la coordinación nacional y la cooperación de los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado y del sector salud privado, así como la participación amplia de la sociedad civil.
Igualmente, aumentar el presupuesto público del sector salud, ya sea mediante préstamos o la cancelación de mega obras de baja utilidad social, en favor de la salud y cumplir con todas las recomendaciones de la OMS.
Plantearon también la necesidad de garantizar la compra suficiente de insumos para aplicar las pruebas y cumplir al menos con 22 por cada mil habitantes, según el promedio de los países de la OCDE, lo que significa 2.8 millones de pruebas y dotar a los hospitales y clínicas públicas de todos los equipos médicos para la atención de los enfermos de covid-19 y para evitar que el personal de salud se contagie.
Al mismo tiempo, garantizar la atención médica y medicinas a todos los enfermos de cáncer, VIH-Sida, Diabetes, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas.
Pidieron al gobierno federal retomar la propuesta legislativa de establecer el ingreso básico vital de 3 mil 700 pesos mensuales por tres meses, para los 12 millones de personas que han perdido sus ingresos; el seguro al desempleo para los dos millones de trabajadores formales despedidos; apoyo fiscal y financiero a las micro, pequeñas y medianas empresas que están quebrando; y dotación alimentaria para las familias que se mantengan confinadas.
Asimismo, pidieron fortalecer la capacidad de las brigadas de vigilancia sanitaria en cada entidad para fomentar la corresponsabilidad entre el sector económico y la educación para la salud durante el proceso de apertura económica en el país.
Finalmente, propusieron realizar un análisis para enfrentar la temporada invernal en el país lo cual implica contar con la vacuna de influenza en la última quincena de septiembre, para que dé tiempo de distribuir ésta y contar con los recursos necesarios para aplicar la vacuna en cada municipio del país.
AE