El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el segundo decreto del Ejecutivo para declarar como “de seguridad nacional” las obras del Tren Maya y del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, a fin de reservar toda la información sobre dichos proyectos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto apenas cuatro horas después de que los ministros de la Corte declararon inconstitucional el pasado 18 de mayo un primer acuerdo presidencial casi idéntico y con los mismos fines.
“Se trata de un acto arbitrario del Presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo el principio de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad”, acusó Creel.
En un mensaje en redes sociales, el legislador del PAN advirtió además que si la Corte reafirma la declaración de inconstitucionalidad y el presidente López Obrador insiste en expedir un nuevo decreto, la Cámara de Diputados impugnará cuantas veces sea necesario.
“Señor presidente, sepa usted que si la Suprema Corte de Justicia reitera la inconstitucionalidad de lo que usted ha hecho, y si usted insiste en expedir un nuevo acuerdo o decreto sobre lo que ya fue resuelto, de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias. Sí presidente la Constitución es la constitución y la ley es la ley”, puntualizó.
gLOSARIO POLÍTICO¿Qué es una controversia constitucional?
Es el juicio que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando uno de los Poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.Tratándose de leyes resuelve el pleno de la Corte. Podrá determinar su invalidez general cuando 8 de las 11 personas ministras voten por el proyecto de inconstitucionalidad que presente la ministra o ministro a quien se le asigne el caso.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Creel señaló que el decreto impugnado esta vez busca que ciertas obras de infraestructura del gobierno federal sean consideradas de seguridad nacional y, con ello, negar la información a que tienen derecho los mexicanos.
“De manera concreta, lo que desea el presidente es que el pueblo no sepamos si se está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque Chetumal y Tulum”, dijo.
JLMR