Sin la presencia del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado desarrolló el proceso de audiencia al mandatario estatal, derivada del procedimiento de sanción que se le sigue por las anomalías en la recolección de firmas para su campaña presidencial de 2018, y donde su representación legal argumentó que no reconoce al “tribunal” integrado por el organismo legislativo.
En representación del mandatario estatal acudió la abogada Ana Laura Cano, quien en su intervención pidió que quedara asentada las siguientes actas al debido proceso: el inicio tardío de sus mismas reglas procesales, ya que citaron a las 15:00 e iniciaron a las 15:55, además de la informalidad en la que la audiencia se realizó, ya que fue interrumpida abruptamente por los miembros de la comisión objetando para todo efecto el legal desarrollo de la misma.
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Expresó que era imposible que los integrantes de la comisión estuvieran en el proceso de audiencia y al mismo tiempo estuvieran votando en el Pleno, ya que todo lo actuado en una sesión y en la otra en su consideración fue nulo, por lo que pidió se adjunte el acta de la sesión del Pleno de este martes, para acreditar la nulidad de ambas actuaciones, ya que atentan contra la lógica y las formalidades esenciales de procedimiento, además de ausencia en parte del quórum para poder desarrollar la audiencia y que ello no genera validez.
“Nos parece una completa falta de respeto la nula seriedad otorgada por parte de los miembros de la comisión a esta audiencia, si bien el gobernador no se encuentra presente, se encuentra representado, y es por ello que merecemos el mismo respeto, profesionalismo y seguridad procesal como cualquier otro procesado. Es cierto que la parte que represento no reconoce a este tribunal, ni al proceso iniciado por ustedes, que es completamente inconstitucional, pero no menos cierto es que ustedes fueron los que llamaron a esta audiencia”, dijo.
“Se reitera que esta representación y comparecencia es ad cautelum, esto por considerar que este proceso ex profeso es una reiterada y sistemática violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se le reconoce facultad, atribución, ni competencia constitucional o legal alguna para instruir al procedimiento en el que comparezco en representación del gobernador”, declaró Cano.
Señaló que violaron el artículo 13 y 14 constitucionales, además del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se correlaciona con el 133 de la Constitución. Agregó que tampoco se les reconoce como superior jerárquico del gobernador, ni legalidad a la audiencia.