El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados calificó de “cruel, injusta y regresiva” la decisión del gobierno federal de cancelar el programa el programa de Escuelas de Tiempo Completo, pues genera daños inmediatos a 3.6 millones de niños, así como a sus madres y maestros.
“En el horario ampliado se brindaba alimentación gratuita a menores en situación de pobreza, se aseguraba su permanencia en la escuela, se facilitaba la inclusión laboral de madres y padres, además de garantizar ingresos adicionales a los maestros participantes”, subrayó.
El coordinador de la bancada priista en el Palacio de San Lázaro, Rubén Moreira, señaló que la desaparición del programa afecta, en primer lugar, a las niñas y niños que pierden tiempo dedicado a la tarea de enseñanza-aprendizaje.
“Un segundo daño se causa a las mujeres y padres de familia que tenían hijos en Escuelas de Tiempo Completo y podrían salir a trabajar durante más espacio, mientras que ahora verán limitadas sus oportunidades laborales y de desarrollo, y un tercer perjuicio es el que se da a las maestras y los maestros, a quienes se les va a disminuir su sueldo y dejarán de percibir ingresos que hasta hace poco eran parte de sus ingresos mensuales” dijo.
En su turno, la diputada Ana Lilia Herrera, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescentes, precisó que la actual administración recibió el programa en 2018 con un presupuesto de 12 mil 441 millones de pesos, pero en 2021 le quitó la etiqueta presupuestal con mentiras y su mayoría sumisa.
“Morena prometió no mentir, no robar y no traicionar, pero lo hace una y otra vez: les interesa la siguiente elección y no la próxima generación. Destruyeron un programa que se creó hace dos sexenios para responder a la realidad de las madres y los padres trabajadores”, acusó.
La también legisladora priista y secretaria de la Comisión de Educación, Cynthia López Castro, llamó a su vez a la titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, a retomar el programa de horario ampliado y advirtió que, de lo contrario, se realizarán movilizaciones pacíficas para levantar la voz a nombre de los niños y acompañar a sus padres y maestros en esta lucha.
La diputada Sayonara Vargas calificó la medida como inaceptable y como una tragedia más para la niñez, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas y en términos de género.
Del total de 25 mil escuelas de este tipo, 14 mil se encuentran en zonas rurales, lo que representa 54 por ciento, además de que las escuelas especiales para personas con discapacidad quedan en el olvido, alertó.
LG