Este es un fragmento del libro El lavadero: las rutas del negocio sucio (Trillas, 2026) del periodista Ricardo Ravelo, disponible en librerías.
DOMINGA.– Detrás del comercio informal suele aparecer un actor que convierte esa rentabilidad en una ilusión: el crimen organizado. Su principal mecanismo de control es el llamado “cobro de piso”, una extorsión que obliga a comerciantes informales –y cada vez con mayor frecuencia también a negocios establecidos– a pagar una cuota periódica, como supuesta protección, para poder trabajar. Pero ¿protección de quién? De los mismos que la ofrecen: crean la oferta y la demanda.
Este fenómeno, extendido ya en buena parte del país, ha sido señalado en diversas investigaciones oficiales por la presunta participación o protección de autoridades municipales, estatales e incluso mandos policiales. Parte de esas acusaciones salieron a la luz con la llamada Operación Enjambre, para desarticular redes de corrupción y estructuras criminales con influencia en gobiernos municipales.
En diferentes regiones de México, cárteles como La Familia Michoacana, Los Viagras o Cárteles Unidos han sido señalados por ejercer un control tal sobre la actividad económica que, en algunos casos, llegan incluso a imponer el precio de productos de consumo con el objetivo de garantizar que los comerciantes obtengan ingresos suficientes para cubrir la cuota exigida por las organizaciones criminales.
El cobro de piso suele pagarse en efectivo y puntualmente. Para los grupos delictivos representa una fuente estable de ingresos que se suma a otras actividades ilícitas. Así, donde el Estado deja de recaudar impuestos, la delincuencia impone su propio sistema de tributación mediante la intimidación y la violencia, pues quien se niega a pagar enfrenta amenazas, agresiones, incendios provocados, desapariciones o incluso el asesinato. Los casos se cuentan por miles en distintas regiones del país.
La paradoja es que numerosos comerciantes terminan pagando un doble tributo: cumplen con sus obligaciones fiscales frente al Estado –que en muchos casos es incapaz de garantizar su seguridad– y, al mismo tiempo, se ven forzados a entregar parte de sus ingresos a la delincuencia organizada. Ante este escenario, miles de negocios han optado por clausurar sus operaciones después de décadas de actividad.
Ahora bien, los recursos obtenidos mediante el cobro de piso también deben incorporarse a la economía formal para poder ser utilizados sin levantar sospechas.
¿Cómo funciona el lavado de dinero?
Una de las vías más comunes consiste en adquirir inmuebles, terrenos o negocios, así como utilizar prestanombres u otros mecanismos de ocultamiento patrimonial. Cuando una propiedad adquirida con dinero ilícito se vende y el pago ingresa al sistema financiero como una operación en apariencia legítima, se otorga a los recursos una fachada de legalidad. Ese proceso constituye una de las modalidades más comunes del lavado de dinero. Esa competencia dispareja es uno de los problemas que más golpea al comercio establecido, pues los negocios formales que cubren cuotas patronales (IMSS, Infonavit, licencias de funcionamiento y otros) enfrentan desventajas en precios frente al comercio informal.
Los datos hablan: de acuerdo con cifras oficiales, en México, la tasa de informalidad se ubica en el 54 % de la población ocupada, lo que afecta de forma directa la recaudación de impuestos y presiona el gasto social del Estado. Esto significa que más de 32.6 millones de trabajadores operan fuera del sistema fiscal formal. La economía informal sólo genera 25 de cada 100 pesos del PBI, mientras que el empleo formal sustenta el 75% restante del PIB pese a concentrar a menos de la mitad de la fuerza laboral. Debido a la falta de inversión, tecnología y acceso a créditos, la productividad del sector informal es drásticamente baja.
El uso predominante de dinero en efectivo dentro de la informalidad impide al SAT fiscalizar estas transacciones, lo que provoca un severo boquete financiero, ya que unos 620 mil 500 millones de pesos dejan de ingresar al erario; esto convierte también a la economía informal en un gran ejemplo de defraudación fiscal, pero no es todo, pues tan sólo por concepto de IVA no cobrado las pérdidas fiscales ascienden a unos 320 mil millones de pesos por año.
El negocio más rentable del crimen organizado
El narcotráfico mueve cientos de miles de millones de dólares cada año en todo el mundo, una economía mayor que el PIB de muchos países y financia organizaciones criminales con poder para desafiar Estados y corromper instituciones. El mundo de la delincuencia es un caudal que no deja de fluir ni de reinventarse, plagado de redes que involucran a políticos, empresarios y organizaciones criminales, cuyo objetivo final es legalizar enormes sumas de dinero obtenidas mediante actividades ilícitas.
Entre todo, el tráfico de drogas constituye el negocio más rentable del crimen organizado. Tan sólo en Estados Unidos, el mercado de las sustancias ilegales genera una economía clandestina cuyo valor se estima entre 200 mil y 750 mil millones de dólares anuales, pero todas esas ganancias deben incorporarse al sistema financiero mediante diversos mecanismos de lavado de dinero: depósitos bancarios, compra de propiedades, proyectos de construcción, inversión en empresas legalmente constituidas, adquisición de hoteles, operaciones con divisas y criptomonedas –la modalidad más reciente dentro del crimen organizado–, compra de ganado y caballos pura sangre utilizados tanto en carreras clandestinas como en actividades legales, así como inversiones en restaurantes que se convierten en cadenas o franquicias.
A ello se suma el uso de paraísos fiscales, esas jurisdicciones del sistema financiero internacional especialmente atractivas para políticos corruptos y organizaciones delictivas. El Informe Mundial sobre Drogas de 2025 presentado en Viena, Austria, confirma el estrecho vínculo entre narcotráfico y crimen organizado, y señala que el tráfico de drogas continúa como la principal fuente de ingresos de las organizaciones criminales. Si bien no hay una cifra global, los datos regionales permiten hacerse una idea de la situación: tan sólo en Estados Unidos el negocio de las drogas generó ganancias en 2016 por 146 mil millones de dólares, equivalentes al 0.8% del PIB de la mayor economía del planeta.
En la Unión Europea, ese mercado alcanzó los 31 mil millones de euros en 2021, el 0.3% del PIB comunitario. Entre 2015 y 2019, Colombia exportó cocaína por un valor anual estimado entre mil 200 y 2 mil 600 millones de dólares. En México, el tráfico de enervantes como cocaína, metanfetaminas y heroína generó, en conjunto, más de 12 mil millones anuales. ¿Pero dónde se lavaron esas ganancias? En paraísos fiscales, en el sistema bancario de Estados Unidos y Europa, por citar sólo algunas alternativas. Estas economías ilegales –señala el informe– no sólo sostienen actividades criminales, también alimentan organizaciones que pueden desafiar al Estado con el uso de la violencia, corrupción y control territorial.
El Informe Mundial sobre Drogas se adentra en otra senda tan peligrosa como nociva: los grupos especializados en narcotráfico, que no operan con el mismo patrón, sino que se estructuran como organizaciones centralizadas, con jerarquías estrictas, roles definidos, representantes en distintos puntos y un férreo control interno; las cuales existen en todo el mundo: el cártel de Sinaloa en México, la Camorra napolitana en Italia o el Primeiro Comando da Capital en Brasil, que imponen normas internas, ejercen control sobre territorios y usan la violencia de forma generalizada para proteger sus operaciones y reputación.
En estos grupos, la toma de decisiones está concentrada en puntos clave de la jerarquía, lo que los hace más vulnerables si son correctamente identificados y desarticulados; sin embargo, la detención de los mandos intermedios, según un reporte de la ONU, suele generar más problemas que eliminar a los líderes visibles, cuya ausencia puede desencadenar guerras internas y un aumento considerable de la violencia. Como contraste, otras organizaciones descentralizadas operan en red todos sus negocios –incluido el lavado de activos–, con estructuras más horizontales y una lógica orientada al comercio más que al control territorial.
Entre los ejemplos citados en el informe sobre estas organizaciones más ágiles y difíciles de desarticular, hay redes de traficantes albaneses y nigerianos en Europa, grupos criminales dedicados al tráfico de metanfetaminas en el sudeste asiático y clanes familiares en Bolivia y Perú que operan a pequeña escala. Estas redes suelen cooperar con otros actores a lo largo de la cadena global de drogas y comparten con ellos tareas como transporte, distribución o lavado de dinero.
En vez de imponer un control mediante la violencia, priorizan el flujo de mercancía y la evasión de controles estatales con una especialización por tareas, donde unos grupos se encargan del transporte, otros del almacenamiento, unos más de lavar las ganancias y la distribución de las drogas. Es toda una maquinaria criminal avalada por los gobiernos del mundo. Esta infraestructura permite a las organizaciones criminales reducir su exposición, diversificar el riesgo y mantenerse activas incluso cuando una célula es desarticulada.
La mejor estrategia policial contra dichos grupos es el uso de infiltrados o la ruptura de la confianza entre distintos miembros y organizaciones, según el informe. La ONU también documenta casos híbridos, como el de la Ndrangueta, una organización italiana que combina formas de dominio territorial en el sur de Italia con actividades como el tráfico de cocaína desde Sudamérica. Frente a esta diversidad organizativa, el informe advierte que las políticas de “mano dura” o las operaciones indiscriminadas son, en general, poco eficaces y no debilitan a estas redes criminales.
Según el estudio, las estrategias más exitosas son aquellas que se basan en información de inteligencia y una selección precisa de objetivos.
Las primeras prácticas de ocultamiento de riqueza
Todos los grupos criminales que operan a través de las cerca de 25 principales tipologías delictivas necesitan lavar las ganancias obtenidas de sus actividades ilícitas. Esta práctica, sin embargo, no es nueva. Sus antecedentes se remontan a hace aproximadamente 2 mil años, cuando en China se volvió una estrategia habitual ocultar bienes y grandes fortunas para protegerlas de la confiscación, el saqueo o el despojo por parte de quienes ostentaban el poder. Aunque parece un concepto moderno, el lavado de dinero tiene raíces que se remontan a miles de años, aunque su nombre y estructura legal actual surgieron en el siglo XX.
Según registros históricos, las primeras prácticas de ocultamiento de riqueza funcionaban de la siguiente manera: los comerciantes adinerados temían que los gobernantes confiscaran sus ganancias comerciales, vistas con sospecha en esa época, entonces movían sus activos fuera de sus jurisdicciones o los convertían en bienes móviles para reinvertirlos en otros negocios. Ahora bien, la práctica de lavar dinero entró en una etapa de sofisticación en los años treinta del siglo anterior en Estados Unidos. Y los personajes de la mafia que revolucionaron el blanqueo de activos fueron Alfonso Capone –mejor conocido como Al Capone– y Meyer Lansky.
La expresión “lavado de dinero” se popularizó durante la época de la llamada Ley Seca en Estados Unidos, entre 1920 y 1933, durante la cual se prohibió la fabricación, venta, importación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. Esta medida provocó un aumento masivo de contrabando, así como del crimen organizado. En la práctica, la ley resultó un fracaso rotundo –de hecho, contraproducente– y fue imposible aplicarla de manera efectiva.
Cientos de miles de speakeasies o bares clandestinos proliferaron en las principales ciudades de Estados Unidos, mientras que el negocio del alcohol quedó en manos de las poderosas redes del crimen organizado. Gánsteres como Al Capone amasaron fortunas inmensas al controlar la distribución y venta de licor. Muchas autoridades locales fueron sobornadas por los contrabandistas, lo que debilitó las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Para dar apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas por el contrabando de alcohol, los mafiosos adquirieron negocios que manejaban grandes cantidades de efectivo. Al Capone, por ejemplo, invirtió en lavanderías de autoservicio, donde mezclaba los ingresos legítimos con el dinero procedente de actividades ilícitas. De esa manera, el dinero de origen criminal parecía provenir de una actividad comercial legal. De esta práctica surgió la popular asociación entre legalización de dinero y las lavanderías, aunque los historiadores señalan que no existe evidencia concluyente de que Al Capone haya inventado o generalizado ese método.
Aunque la práctica de ocultar el origen ilícito de los recursos es muy antigua, la expresión inglesa money laundering no comenzó a aparecer de manera habitual en la prensa y en documentos oficiales sino hasta la década de 1970. Su difusión se produjo tras el escándalo Watergate, que culminó con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos en 1974. La investigación reveló, entre otras irregularidades, el uso de mecanismos para ocultar el origen y destino de recursos empleados en actividades políticas ilegales.
Décadas más tarde, debido al auge del narcotráfico, la comunidad internacional comenzó a seguir la pista del dinero para desmantelar a los cárteles, estrategia basada en la creencia de que si a los grupos criminales se les golpeaba el nervio financiero, se irían debilitando. Pero todavía pasarían varios años para diseñar un marco legal contra el lavado de dinero.
Al Capone fue un referente en el negocio del lavado de dinero
No fue sino hasta 1988, durante la Convención de Viena, que se construyó el primer tratado internacional que obligó a los países a tipificar dicho crimen como un delito autónomo. Así, un año después, en 1989, se fundó el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) para establecer estándares globales contra ese delito.
Las populares lavanderías de monedas están más relacionadas con el término “lavado de dinero” de lo que pensamos, pues la expresión no sólo se refiere al hecho de transformar dinero negro de negocios más que sospechosos en riqueza legal, sino que se vincula con muchas inversiones del mafioso Capone para mantener beneficios en constante movimiento. Al Capone se convirtió en un referente para generaciones de mafiosos. El célebre gánster estadounidense alcanzó notoriedad al aprovechar las enormes oportunidades de negocio que surgieron durante la Ley Seca en la década de los años veinte. Gracias al contrabando y la distribución ilegal de alcohol, llegó a acumular una fortuna que entonces se estimó en alrededor de 100 millones de dólares, una cantidad equivalente a más de 1400 millones de dólares actuales.
Pese a la evidente procedencia ilícita de gran parte de su riqueza, las autoridades federales no lograron demostrar sus principales actividades criminales y solo consiguieron llevarlo a prisión por evasión fiscal. Aunque hoy existen mecanismos mucho más sofisticados para lavar capitales –como las sociedades offshore, las empresas fachada, los paraísos fiscales y las criptomonedas–, el proceso sigue basándose en las tres etapas clásicas del lavado de dinero.
La primera es la colocación, que consiste en introducir el dinero de origen ilícito en el sistema financiero mediante depósitos, la adquisición de bienes, inversiones en negocios o el uso de testaferros y empresas pantalla.
La segunda etapa es la estratificación, en la que se realizan múltiples transacciones –transferencias entre cuentas, compraventa de activos, operaciones internacionales e inversiones en negocios como casinos– con el propósito de dificultar el rastreo del dinero y ocultar su verdadero origen.
La fórmula concluye con la integración, etapa en la que los recursos de origen ilícito regresan aparentemente legitimados al sistema económico. Una vez limpio, el dinero vuelve al bolsillo del criminal y suele invertirse en empresas legalmente constituidas, bienes raíces, proyectos de inversión e incluso en actividades filantrópicas o de beneficencia. Además de ocultar el origen de los recursos, estas acciones contribuyen a mejorar la imagen pública del delincuente y a construir una apariencia de respetabilidad.
El lavado de dinero fue tipificado como delito federal en Estados Unidos en 1986, en pleno auge del narcotráfico y de las grandes organizaciones criminales transnacionales. La aprobación de la Ley de Control del Lavado de Dinero (Money Laundering Control Act) marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, pues convirtió el lavado de dinero en un delito independiente. A partir de entonces, las autoridades ya no tenían que limitarse a perseguir el delito que había generado las ganancias ilícitas; también podían procesar a quienes ocultaran, transfirieran o utilizaran recursos provenientes de actividades criminales, además de confiscar los bienes relacionados con esas operaciones.
GSC