Oscar Pérez Córdoba, representante de la Coalición Por Puebla al Frente y del PAN, presentó una denuncia contra el magistrado José Luis Vargas Valdez ante la Presidencia de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa.
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Ello tras la publicación en la cuenta de Twitter personal del magistrado el proyecto sobre la controversia que presentaron Luis Miguel Barbosa y Morena antes de ser discutido y resuelto el caso por el tribunal.
“El Reglamento interno del TEPJF establece como causa de responsabilidad administrativa hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el asunto respectivo, hipótesis exactamente aplicable a la conducta desplegada por el magistrado Vargas Valdez”, destaca la coalición.
En ese sentido, añadió que el magistrado Vargas Valdez “atentó contra la independencia judicial de los integrantes de la Sala Superior, al generar fuertes presiones adicionales -sociales y mediáticas-; denotó notoria ineptidud, negligencia y descuido en el desempeño de la función encomendada; menoscabó y dejó de preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial y finalmente emitió una opinión público que prejuzgó sobre un asunto de su conocimiento”.
Asimismo, acusaron de intereses personales, puesto aseguran que Luis Migue Barbosa, cuando fungía como legislador, apoyó a José Luis Vargas Valdez para que fuera nombrado magistrado de la Sala Superior del TEPJF, además que se aprobó que sus funciones finalicen en octubre de 2023 y no en 2019.
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Para finalizar, señalan la falta que se realizó al Código Modelo de Ética Judicial Electoral al no mantener la secrecía en la información reservada o confidencial.
“Debe hacerse énfasis en que la conducta del citado magistrado ni siquiera se podría considerar como la elaboración de una versión pública de una sentencia, en virtud de que el proyecto de resolución que hizo del conocimiento público no ha sido aprobada y contiene datos reservados y confidenciales, por lo que se violaron las disposiciones de las leyes general y federal de transparencia y acceso a la información”.
El PAN concluyó señalando el riesgo de perder la imparcialidad y objetividad, mismas que son indispensables en el actuar como juzgado electoral, por lo que solicitaron a la Comisión de Administración del TEPJF que realice la investigación y diligencias pertinentes, “confiando en que se actuará conforme al Estado de derecho y se tutelará la voluntad de la mayoría de los poblanos expresada en las urnas”.
AMV