En el Estado de México están vigentes 3 mil 259 sanciones en contra de servidores públicos de diferentes instancias, donde los municipios acaparan 61 por ciento de las faltas, seguidos por el Poder Legislativo con 19.51 por ciento, de acuerdo a la información que ventila la Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción.
En todas las instancias los y las servidoras públicas han incurrido en diversas faltas. Las únicas instancias públicas donde no hay una sola persona sancionada hasta el momento, son el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).
Las sanciones en contra de funcionarios municipales en su conjunto ascienden a mil 989, seguido del Poder Legislativo con 626 personas sancionadas de diferente manera. Le siguen 190 del Poder Judicial (PJEM) y 176 de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) que ya están firmes, es decir que ya agotaron la posibilidad de cambiar el fallo.
Además se encuentran 104 de quienes laboran o laboraron en el Instituto Electoral de la entidad (IEEM), 78 del el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAEM), donde todos fueron por situaciones graves, es decir vinculados con actos de corrupción, donde tuvieron que recurrir a la inhabilitación.
Asimismo, están 46 servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), 21 del Instituto de Transparencia (infoem) y 19 del Poder Ejecutivo, donde pese al tamaño de su plantilla de servidores, por la policía estatal y maestros, se ubica como el de menos faltas administrativas dadas a conocer a través de esta plataforma.
En cada caso se detallan los pormenores de las sanciones, es decir cómo se castigaron, a quiénes y hasta cuándo vence el castigo.
¿Qué dice la ley?
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y sus municipios establece como sanciones por responsabilidad administrativa disciplinaria la amonestación, suspensión de empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, por un periodo no menor de tres días ni mayor de 30.
Esto, además de la destitución, sanción económica de uno a tres tantos del beneficio obtenido o los daños causados, inhabilitación para desempeñarse en el servicio público por un periodo no menor de 6 meses ni mayor a 8 años.
Cuando la inhabilitación se impone como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro al servidor público o causa daños y perjuicios a la administración pública será de uno a 10 años.
Si se trata de un juicio político la sanción de destitución se podrá imponer una inhabilitación para el ejercicio de empleos cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta 20 años.
KVS