El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, distribuyó a los integrantes de esa instancia el proyecto de dictamen para declarar procedente el desafuero y ejercicio de la acción penal contra el legislador petista Mauricio Toledo por el delito de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, la fecha de la reunión del órgano jurisdiccional en el Palacio de San Lázaro para discutir y votar el proyecto no ha sido precisada.
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En un resumen ejecutivo al que MILENIO tuvo acceso, la Sección Instructora detalla que el diputado del PT, quien buscará este domingo la reelección, consignó en sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2018 ingresos por alrededor de 9.4 millones de pesos, "situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso y que ascienden a un monto mayor a los 20.8 millones, lo que representa una discrepancia que excede los 11.4 millones en tal periodo".
Detalla que el también ex jefe delegacional en Coyoacán tuvo, a partir de 2009, ingresos importantes como diputado federal, incluyendo un préstamo relevante que asegura haber obtenido de la Cámara de Diputados en 2010, pero del expediente se desprende la adquisición de dos inmuebles y un vehículo de lujo entre 2010 y 2011, cuyo valor en aquel entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a dos millones de pesos.
“En cuanto al valor de uno de los inmuebles adquiridos, radicado en la alcaldía Tlalpan de esta ciudad, entre la fiscalía y la defensa existe una discrepancia relevante, misma que resulta del estudio de los peritajes contables que cada parte ofreció y la cual asciende a un monto superior a los 10.5 millones de pesos, toda vez que el avalúo ofrecido por la fiscalía contempla que, al año en que fue adquirida, la finca costaba más de 16 millones de pesos, contra los 5.5 millones que fueron pagados, conforme lo destaca la defensa”, señala el documento.
Por ello, conforme al proyecto de dictamen, “los medios de prueba contenidos en el expediente crean la convicción de que existen elementos suficientes para considerar procedente la solicitud de declaración de procedencia que ha efectuado la fiscalía local en su escrito inicial, de fecha 25 de enero del año en curso”.
En consecuencia, se tiene por colmada la exigencia consagrada en los artículos 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para arribar a la presente determinación, por lo que se propone a los integrantes de la Sección Instructora dictaminar que ha lugar a proceder penalmente contra el diputado federal Mauricio Toledo.
El dictamen, una vez aprobado, sería remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, en su oportunidad, lo discuta el pleno erigido en Jurado de Procedencia.
AESC