Descentralización del Inegi: cuatro años y casi 2 mil mdp

La descentralización de las dependencias del gobierno federal que planea el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no es una idea nueva. En la década de los 80, el entonces presidente Miguel de la Madrid lo intentó, pero sin mucho éxito porque no todas las instituciones lo hicieron.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), que entonces pertenecía a la Secretaría de Programación y Presupuesto encabezada por Carlos Salinas de Gortari, sí lo logró. Después de que uno de sus edificios se cayó con el terremoto del 85, se mudó del Distrito Federal a Aguascalientes en 1986.

El proceso duró cuatro años desde que se comenzó a planear hasta la estabilización. El costo mínimo de la mudanza se calculó en casi 21 mil millones de pesos de aquel entonces, equivalentes a unos mil 854 millones de pesos de ahora, considerando la inflación en 30 años.

En 1986, los cálculos iniciales del costo de mover a sus empleados y proporcionarles vivienda (con créditos blandos), oficinas, infraestructura y traslados arrojaron un costo aproximado de 6 millones 600 mil pesos de entonces.

En ese tiempo, el Inegi contaba con 4 mil empleados y se aplicaron encuestas para conocer su opinión. Tres mil aceptaron mudarse; mil, no. De los que se fueron, 20 por ciento no logró adaptarse y se regresó a la capital.

En la actualidad, las autoridades del Inegi no se animan a calcular una cifra exacta de cuánto costó la descentralización, pues las estimaciones económicas iniciales del instituto no consideraron muchos factores que se fueron presentando en el proceso.

Hubo gastos que no se contabilizaron, como la donación de terrenos por parte del gobierno estatal para la construcción de viviendas y del edificio sede del Inegi, así como la colocación de infraestructura en las colonias Ojocaliente y Primo de Verdad, que se fundaron con los empleados que llegaron del DF, y cuyo costo asumieron los gobiernos federal y estatal en 50 por ciento cada uno.

“Es difícil sacar una sola cifra, porque ¿a cómo valúa el gobierno local lo que nos regaló de terreno, las 37 hectáreas y los 75 mil metros cuadrados? Son más de 45 hectáreas. ¿O lo que los gobiernos pusieron? ¿Cómo valuamos los créditos blandos? Eso tampoco está fácil”, explica Mario Palma, hoy vicepresidente del Inegi.

El funcionario detalla que, por ejemplo, hoy en día construir el edificio principal del instituto tendría un costo aproximado de 900 millones de pesos.

“Hay muchas cosas que no aparecen (en las cuentas): hubo que trasladar muebles, rentar bodegas, hubo un momento en que teníamos dos bodegas rentadas al mismo tiempo...”, agrega Palma, quien participó en el proceso de descentralización.

A más de tres décadas, dice, “la experiencia que nos deja es que fue un proceso muy complejo, muy difícil, que tuvo problemas en momentos fuertes, (pero que) finalmente fue muy exitoso”.

Dedicar un área específica a la planeación y al seguimiento del proceso y socializarlo adecuadamente entre los empleados son las principales recomendaciones de Palma. Las complicaciones de la descentralización fueron políticas, financieras, materiales y personales.

El Inegi se mudó a Aguascalientes porque el gobierno de esa entidad fue el único que aceptó recibir al organismo, a pesar de que en ese tiempo los gobiernos estatales y el federal eran del mismo partido, el PRI.

Los primeros análisis arrojaron que debía mudarse a alguna ciudad donde la llegada de 3 mil empleados no causara un desequilibrio urbano, pero a una distancia de entre 300 y 800 kilómetros de la capital, para lograr una descentralización real.

Toluca, Cuernavaca, Pachuca y Puebla se descartaron por la cercanía con el DF, y las fronteras por estar demasiado lejos. Monterrey y Guadalajara se descartaron por ser ciudades en pleno crecimiento, y los puertos por tener otra vocación, la turística. San Luis Potosí, Guanajuato, Morelia, León y Aguascalientes eran las opciones.

“En la ciudad de Aguascalientes fue donde hubo la mejor reacción del gobierno local para apoyar el proyecto, donde hubo un compromiso desde un principio”, dice Palma.

El gobierno estatal donó 37 hectáreas para la construcción de 2 mil lotes y pies de asentamiento, y mil departamentos y 75 mil metros cuadrados para edificar la sede del Inegi. Además, compartió con el gobierno federal los gastos para construir escuelas para los hijos de trabajadores: dos jardines de niños, tres primarias y una secundaria.

También se construyó infraestructura para dotar de agua, drenaje, telefonía, pavimentación, parques, mercados y transporte. El Inegi pagó guarderías y construyó un centro asistencial donde los niños pasaban la tarde cuando salían de clases.

La distancia con el resto de instituciones que se quedaron fue otra complicación. “Las computadoras y el internet no se utilizaban”, resalta Palma.

Antonio Guerrero, subdirector de Crónica Estadística, recuerda que “era ir y venir, muchos viajábamos seguido a la capital para atender las cosas. Cuando hacíamos reuniones nacionales dentro del Inegi, también todo mundo venía. Ahora ya usamos las videoconferencias”.

Otro reto fue mudarse sin parar labores, además de que la mudanza se dio mientras el DF estaba en reconstrucción tras el terremoto y venía un cambio de sexenio.

“El dinero no llegaba tan rápido como debía. Hubo retrasos, inconformidad del personal. Los últimos mil pies no estaban terminados porque no habían pagado a los constructores, que eran varias empresas, siete u ocho, no me acuerdo bien. Entonces estas empresas se había retrasado y la gente ya estaba allá y vivían en hoteles, ¡imagínense!”, platica.

El edificio principal también se retrasó y se comenzó a trabajar mientras estaba en obra negra porque venían tres censos en 1989; no obstante, para Palma la clave del éxito de la mudanza fue crear un objetivo común entre gobierno y funcionarios.

Pero los empleados del Inegi se enfrentaron al rechazo de la comunidad local, que no a todos recibió bien, pues eran 3 mil empleados con sus familias: unos 15 mil individuos en total.

Las viviendas se repartieron según el nivel de los empleados. A los de menor ingreso les dieron pies de asentamiento de alrededor de 40 metros cuadrados, pero en terrenos de 120 metros cuadrados para poder ampliar. A los de más ingreso, departamentos. A los altos funcionarios, créditos para casa.

Los primeros comenzaron a llegar a finales de 1986. El Inegi pagó las mudanzas del menaje de casa. Aunque hubo beneficios, como vivir en una ciudad no congestionada, con horarios flexibles y cercanía entre vivienda y oficina, la complicación fue insertarse socialmente.

“Hubo campañas en contra, anónimos que distribuyeron volantes que decían ‘Haz patria, mata a un chilango’. Había escuelas que no aceptaban a nuestros hijos o taxistas que no nos llevaban a Ojocaliente”, recuerda Guerrero.

Sin embargo, con el tiempo “empezamos a vincularnos por medio del futbol, la iglesia... Al final hubo buen arraigo en la ciudad y nos volvimos hidrocalentenses”, destaca.