La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el gasto del Poder Judicial de la Federación por 34.6 millones de pesos, así como la acumulación de recursos a través de 11 fideicomisos y un fondo en 2018.
Como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2018, la ASF realizó cuatro auditorías en las que se solicita aclarar 34 millones 643 mil 219 pesos relacionados con la construcción de tres inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal.
La construcción de los centros de justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Ensenada, Baja California; así como una sede del Poder Judicial en Hermosillo Sonora, fueron los inmuebles sujetos a revisión en los que se detectaron pagos en demasía, además de que se omitió la aplicación de penas convencionales por el incumplimiento en la fecha de conclusión de los trabajos, entre otras irregularidades.
De acuerdo con la auditoría 2018-0-03110-20-0007-2019, la observación con el recurso público más alto involucrado es la que corresponde al edificio en Hermosillo, donde se aplicaron las penas convencionales por el incumplimiento en las fechas de conclusión de la obra, lo que equivaldría a 15.3 millones de pesos.
En tanto que en la revisión de los 11 fideicomisos y un fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se detectó que al 31 de diciembre del año pasado contaba con un saldo de 15.5 millones de pesos.
También se hace referencia a la falta de amortización del anticipo otorgado por un importe de 14.9 millones de pesos y un pago de 357.8 miles de pesos por la diferencia de entre lo solicitado y lo que finalmente se construyó para el edificio principal.
Para el caso del Centro de Justicia Penal en Ensenada también se omitió aplicar las penas convencionales por incumplir la fecha de conclusión de los trabajos, lo que implica 322 mil pesos; mientras que en el Centro de Ciudad Juárez se observó un pago en demasía por 3.4 millones de pesos por la falta de elementos que se tenían contemplados.
Asimismo, se identificaron 306.6 mil pesos por el incumplimiento en la fecha de conclusión de los trabajos y diversas deficiencias de calidad en la obra final, aunque se aclaró que las observaciones se corrigieron.
Derivado de la revisión, el órgano determinó que si bien “se cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, dichos instrumentos no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad.
Además de que estos han permitido prestaciones para sus trabajadores superiores a las del resto de los servidores públicos federales; además de haber un uso limitado de los saldos.
Frente a ello, el órgano a cargo de David Colmenares recomendó a la Cámara de Diputados para que estos recursos disponibles en el fideicomiso de la Suprema Corte sean considerados en su asignación presupuestal; así como a emitir un una legislación general que los regule.