La Fiscalía Anticorrupción reveló que de nueva cuenta se canceló la audiencia en torno al Dron de Seguridad, pero en esta ocasión fue porque la empresa USTI regresó al Gobierno del Estado de Nuevo León los 29 millones de pesos que costó.
En un comunicado oficial, precisa que se recibió un escrito mediante el abogado de USTI relativa a un traspaso a terceros a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería por la cantidad de 29 millones 783 mil 218.76 pesos por concepto de pago de convenio con fecha 16/01/2020.
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“Se estima necesario indagar los alcances de la devolución de esta cantidad a favor de Gobierno del Estado”, indica el escrito.
Además, si se insiste determinar en dicha figura antijurídica o en su caso alguna otra de las contempladas en el actual Código Penal, sin que esto represente una conclusión a la indagatoria: “serán investigadas las situaciones antes precisadas y la carpeta seguirá por sus demás trámites legales”.
Hace apenas un mes, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón confirmó en rueda de prensa que se vendió la nave no tripulada.
El jueves 19 de septiembre pasado el dron sufrió un daño tras caer mientras aterrizaba en el municipio de Anáhuac, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública.
Hay que recordar que el fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, aseguró que había notificado al secretario de Seguridad, Aldo Fasci, sobre un posible arresto; sin embargo, tanto Fasci como Rodríguez Calderón negaron haber recibido la notificación de la Fiscalía.