La tan esperada sanción de destitución e inhabilitación contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González Flores, secretario general de gobierno, fue diferida ayer por el Congreso de Nuevo León.
Por la mañana, la Comisión Anticorrupción aprobó la propuesta del diputado Asael Sepúlveda, del Partido el Trabajo (PT), para diferir la resolución y el dictamen y, por la tarde, ante el Pleno hizo lo propio.
Sepúlveda planteó que se pospusiera el dictamen hasta que no se resuelva el fondo de la controversia constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue lo que se aprobó.
Según el dictamen, se buscaba destituir e inhabilitar por seis años para ocupar algún cargo público a El Bronco y también inhabilitar al secretario general de gobierno.
Durante la sesión ordinaria ante el Pleno, el Congreso avaló por mayoría el diferimiento de la sanción con 25 votos a favor de Morena y PAN; 5 en contra (Bonifacio de la Garza, Horacio Tijerina, Karina Barrón, Tabita Ortiz y Mariela Saldívar) y 8 abstenciones (Francisco Cienfuegos, Adrián de la Garza, Jorge de León, Álvaro Ibarra, Alejandra Lara, Alejandra García, Nabor Tranquilino y Claudia Tapia).
Los legisladores que no emitieron su voto en ningún sentido fueron los panistas Juan Carlos Ruiz, Marlene Benvenutti, Myrna Grimaldo y Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano.
Por la mañana, los diputados Itzel Castillo, Samuel Villa y Nancy Olguín, del PAN; Claudia Tapia, independiente; Asael Sepúlveda, del PT; Dolores Leal Cantú, de Nueva Alianza; y Beatriz de los Santos, de Morena, avalaron diferirla.
En contra y quedando solos votaron De la Garza y Horacio Tijerina y en abstención Jorge de León Fernández, del PRI.
En ambas sesiones, de la Comisión Anticorrupción y durante la ordinaria ante el Pleno, la polémica se extendió ante las descalificaciones de las diversas bancadas.
“Dejaron solos a los ciudadanos”, dijo Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción a la pregunta de la prensa si los legisladores de MC se quedaron solos sin el apoyo de los demás grupos legislativos.
Por su parte su homólogo, Horacio Tijerina, de Movimiento Ciudadano, acusó a Itzel Castillo, del PAN, de defender al secretario general de gobierno, pues usó la misma redacción y defensa del funcionario cuando compareció ante el Congreso ante esta posible sanción.
“No estamos defendiendo al gobernador, ya que el dictamen que se presenta es totalmente impugnable y podría quedarse el gobernador sin ninguna sanción”, contestó el panista Samuel Villa.
El pasado 25 de noviembre, la SCJN otorgó una nueva suspensión al gobernador, misma que impide de momento al Congreso local aplicarle una sanción por el proceso de uso de recursos humanos para recolectar firmas para su candidatura presidencial en 2018.
La suspensión fue otorgada en un inicio por el ex ministro Eduardo Medina Mora, y tras ser returnada la controversia, el ministro Juan González Alcántara Carrancá otorgó la nueva suspensión.
Coinciden
Tras diferir el dictamen que contiene la sanción y considerarlo una trampa, los diputados del Congreso local coincidieron que aunque esperarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrán un juicio político para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González, secretario general de gobierno.
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente, indicó que su partido buscó desde septiembre ir por esta medida.
“Cuando la Suprema Corte indique nosotros sancionaremos”, dijo, “con un dictamen a modo no podemos avanzar, no son los únicos que quieren (Movimiento Ciudadano) que el gobernador se vaya”.
Agregó que la Comisión Anticorrupción, presidida por Arturo Bonifacio de la Garza, de MC, actúa a modo del Ejecutivo.
En tanto, Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que su bancada propondrá el juicio político.
“El PRI está a favor de que se le aplique una sanción, esperando que exista un consenso; esperaríamos a que la Suprema Corte indique que el Congreso pueda sancionar”, subrayó.
Por separado, Ramiro González, coordinador de los legisladores de Morena, coincidió con los diputados.
“La sanción se tiene que dar... (si cometieron alguna irregularidad) la tiene que quitar, pero en el tiempo correcto”, puntualizó.
Aseguró que están impedidos de actuar como Congreso ante la controversia que tiene actualmente el Ejecutivo ante la SCJN.
“¿Para qué llegamos a una sanción?”, cuestionó, “ya que ésta serviría de argumento jurídico, inclusive para ayudar al gobernador”, sostuvo el morenista.
“(Si lo votamos) nos hace sospechar que hay un arreglo entre Movimiento Ciudadano y el gobernador, nos ponen una trampa en ese dictamen y eso no es bueno”, finalizó.
“Respetaremos cualquier decisión”
Sin dar más detalles, el secretario general de gobierno, Manuel González, externó que serán respetuosos con cualquier decisión que se tome en el Congreso del Estado respecto a la sanción que está pendiente y que han estado discutiendo en la Comisión Anticorrupción.
“Siempre hemos sido respetuosos de las decisiones que el Congreso tome, ellos han decidido llevar a cabo sus trabajos hasta el día 19, nosotros estaremos en la espera de las decisiones que se tomen”, mencionó.
Aunque no refirió la manera en la que están actuando jurídicamente en el tema.
“Nosotros, como siempre les he dicho, estamos discutiendo esto en tribunales y seremos respetuosos de cualquier decisión”, indicó.