La legisladora panista Annia Saraí Gómez propuso una iniciativa de ley para sancionar hasta con ocho años de cárcel e inhabilitación a los funcionarios públicos que aprovechen sus cargos para “saltarse la fila” y acceder con prioridad a vacunas en caso de emergencia sanitaria por pandemias como la de covid-19.
En conferencia de prensa y con una manta en la cual se leía “¡Cárcel a gandallas!”, la diputada dio a conocer su proyecto de reformas al artículo 215 del Código Penal Federal para imponer de uno a cuatro años de prisión al servidor público que en beneficio propio o de terceros utilice el cargo para acceder con prioridad y ventaja a vacunas, tratamientos o insumos médicos.
Las penalidades se duplicarían en situación de emergencia sanitaria, como la que actualmente enfrenta el país a causa del virus SARS-CoV-2.
Gómez remarcó que al menos en cinco entidades del país se han registrado “casos vergonzosos” en que directivos de centros hospitalarios, así como altos funcionarios de gobiernos estatales y municipales, se han aplicado la vacuna anticovid antes que el personal de salud en primera línea de atención a la pandemia.
La legisladora por el estado de Nuevo León remarcó la necesidad de castigar a esos personajes abusivos, al tiempo de llamar a funcionarios federales, estatales y municipales a no incurrir en estas conductas de abuso de poder y, en cambio, ser ejemplo de cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas como el uso de cubrebocas.
“No es posible que los funcionarios públicos, que son los que tienen que poner el ejemplo, hoy estén haciendo uso de su cargo para ser los primeros en beneficiarse, cuando es evidente que estamos enfrentando una crisis sanitaria. Ya sabemos que no tienen un gran ejemplo, ya sabemos que el Presidente de la República ni siquiera es capaz de ponerse un cubrebocas y por ello tenemos que obligarlos a través de la ley”, dijo.
JLMR