Diputadas federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) Movimiento de Regeneración Nacional así como Movimiento Ciudadano (MC) llamaron a los ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a aprobar la resolución que obligaría al Congreso de Veracruz a modificar los artículos del código penal del estado que tipifican el aborto como delito.
“Las y los ministros de la Primera Sala tienen hoy la posibilidad de aprobar una sentencia que sentará un precedente de primer orden en materia de aborto, que podría garantizar el derecho a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes, así como los derechos reproductivos y la interrupción legal del embarazo”, puntualizaron.
En su pronunciamiento, las legisladoras Martha Tagle, de MC; Lorena Villavicencio, Sandra Paola González y Wendy Briceño, de Morena; Ana Lilia Herrera, del PRI, así como Verónica Juárez, Guadalupe Almaguer, Frida Esparza, Mónica Bautista y Azucena Rodríguez, del PRD, expresaron su reconocimiento al ministro Juan Luis González Alcántara y a su proyecto de resolución que será votado mañana miércoles.
Sostuvieron que su aprobación significaría un paso más para avanzar hacia una igualdad transformadora, donde la diferencia sexual en el terreno reproductivo no implique discriminación ni violencia de género.
La resolución al amparo en revisión 636/2019 presentado por Justicia, Derechos Humanos y Género AC reconoce que la legislación penal de Veracruz en materia de aborto es violatoria de los derechos humanos de las mujeres e implica discriminación y violencia contra las mujeres.
“Al respecto, el proyecto menciona que los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz configuran una prohibición total de la interrupción del embarazo, vía tipificación penal, lo que implica una barrera discriminatoria al acceso a la salud en condiciones de igualdad”, señalaron las diputadas.
Adicionalmente, esta medida atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de la mujer y su derecho a la vida privada, donde la maternidad no debe ser un plan de vida impuesto, pues representa una intromisión indebida por parte del Estado en una esfera vedada al escrutinio público.
“De esta manera, la penalización del aborto es un tipo penal que solo recae en las mujeres por sus condiciones físicas y biológicas, y la sanción funge como un obstáculo para el acceso a servicios de salud seguros, que les permitan alcanzar el bienestar físico, mental, emocional y social, apreciado con perspectiva de género”, indicaron las legisladoras integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados.
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