Tras dos horas de ríspido debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 266 votos a favor y 219 en contra las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda pueda congelar cuentas bancarias sin mandato judicial ni notificación al usuario, en caso de existir indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo.
El proyecto turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor establece la garantía de audiencia para las personas cuyas cuentas hayan sido bloqueadas.
Con el bloque opositor PAN-PRI-PRD y MC votó en contra la legisladora morenista Lidia García, al advertir que la reforma no es contra la delincuencia organizada, sino contra personas físicas y morales que han visto vulnerados sus derechos: “no existe necesidad de aprobar un dictamen que deja en indefensión a los ciudadanos, vulnerando sus derechos de libre audiencia y, sobre todo, de notificación”.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar, sostuvo, sin embargo, que la reforma respeta los derechos procesales de las personas.
“La minuta tiene por objeto generar un procedimiento para que la autoridad competente respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los asociados con los delitos señalados”, dijo.
No obstante, el legislador priista José Yunes Zorrilla señaló que la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito afecta principios constitucionales fundamentales, al darle facultades a la UIF para bloquear cuentas sin que medie mandato judicial.
“Nadie puede ser privado de sus derechos, de sus propiedades, de sus posesiones, de su libertad, si no media juicio, en primer lugar, desarrollado en tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y con leyes votadas y en vigor con antelación, pero ese principio constitucional, en perjuicio de todos, se viola con esta disposición”, acusó.
Por el PAN, la diputada Patricia Terrazas instó a rechazar el proyecto devuelto por el Senado, al remarcar que la UIF “no puede, ni debe ser policía, ni contar con atribuciones que por mandato constitucional solo le corresponden al Ministerio Público, pues todos hemos sido testigos de cómo ha vulnerado el debido proceso y la presunción de inocencia”.
En su turno, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, argumentó que la reforma respeta el derecho de audiencia de las personas y con ello se brinda certeza jurídica a los usuarios de los servicios financieros a través de un procedimiento claramente establecido en la ley.
JLMR