El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 419 votos a favor y 23 abstenciones, la iniciativa presidencial para sancionar hasta con 53 años de prisión el uso de drones con el fin de atacar bienes o servicios públicos y privados, la integridad de las personas o producir alarma, temor o terror en la población.
El proyecto turnado al Senado de la República para su revisión y ratificación prevé modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para agravar las penalidades por la utilización de aeronaves pilotadas a distancia para arrojar cualquier objeto o artefacto explosivo, explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas sobre personas o bienes.
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Entre otros aspectos, el dictamen tipifica como terrorismo el uso de drones para provocar alarma, temor o terror en la población, atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, mediante la utilización de sustancias tóxicas o explosivos.
Plantea aumentar en un tercio la pena de hasta 40 años de cárcel prevista para el terrorismo, alcanzando así un máximo de 53 años.
Prevé asimismo la creación del capítulo Uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia en el Código Penal Federal, donde se establecen sanciones de hasta 30 años de prisión a quien, mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas sobre otras personas o bienes.
La misma sanción se aplicaría a quienes, con el uso de drones, impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 2020 a la fecha se han reportado 605 ataques con drones, destacando los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
El dictamen señala que la desagregación de los datos de dichos ataques demuestra un incremento exponencial en el uso de estos dispositivos.
“Tan solo durante el primer semestre de este año se han verificado 260 ataques de este tipo, es decir, 27 más que en todo el 2022. El incremento en la incidencia de estos hechos se representa en un 5 mil 100 por ciento, un grado de crecimiento que permite considerarlo como un fenómeno de alto impacto”, advierte.
Al presentar el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la legisladora morenista Rosangela Amairany Peña subrayó que el crimen ha recurrido durante los últimos años al uso de drones como herramienta para la comisión de conductas delictivas, desde el halconeo y el tráfico de drogas, hasta la realización de ataques con explosivos y sustancias químicas.
“Los ataques de drones con explosivos y elementos químicos no solo han sido contra instituciones de seguridad, sino también contra la población civil”, puntualizó.
Al fundamentar la abstención de Movimiento Ciudadano, el diputado Braulio López reconoció que el proyecto busca enfrentar un riesgo evidente, pero con una tipificación ambigua que a su juicio podría criminalizar a personas inocentes.
LP