Con 314 votos de Morena, PVEM y PT a favor, y 117 del PAN, PRI y MC en contra, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Inversión Extranjera para incorporar a los titulares de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad, así como de la Agencia de Transformación Digital, con voz y voto en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Ello, de acuerdo con la propuesta presidencial, para fortalecer los mecanismos institucionales y procedimientos administrativos que permitan identificar, evaluar y, en su caso, prevenir o mitigar riesgos que determinadas operaciones de inversión extranjera pudieran representar para la seguridad nacional.
El decreto previamente avalado por el Senado de la República fue enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Entre otros aspectos, la reforma establece que, en las sesiones de la referida comisión donde se traten asuntos en materia de seguridad nacional, serán invitados permanentes los titulares de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras resolverá las solicitudes sometidas a su consideración en un plazo de 45 días hábiles y presentará al Congreso un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional.
Prevé que, por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la comisión para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana, en la que el valor total de sus activos rebase el monto que determine dicha instancia.
Las actividades económicas sujetas a las determinaciones de la comisión son infraestructuras estratégicas vinculadas con el sector energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa e instalaciones sensibles.
De igual forma, las tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica, nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.
Suministro de insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, así como seguridad alimentaria; el acceso a información sensible, en particular datos personales o la capacidad de controlar dicha información, y demás actividades o sectores económicos análogos que determine la comisión están igualmente considerados en la reforma.
Al fijar la posición de Morena a favor de la reforma, la diputada Dolores Padierna sostuvo que con la participación con voz y voto de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad se fortalece la inversión extranjera.
“Las amenazas a la seguridad nacional no se limitan al ámbito militar o territorial; también pueden derivar de factores económicos, financieros, tecnológicos, cibernéticos y transnacionales y pueden afectar la estabilidad y las capacidades estratégicas del Estado”, dijo.
Alertó sobre las amenazas que pueden valerse de estructuras empresariales y operaciones de inversión para introducir recursos ilícitos en la economía formal o incluso tomar el control de los “activos críticos”.
¿Qué dijo la oposición?
Por el PAN, Angélica Granados advirtió que la militarización puede ahuyentar la inversión extranjera en México.
“Presumen el T-MEC, presumen el nearshoring, presumen sus famosos polos del bienestar y de desarrollo, pero multiplican los motivos para que una inversión se lo piense dos veces”, acusó.
En representación del PRI, Ivonne Ruiz calificó como un error incorporar a la Defensa, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la comisión de inversiones.
“Nadie se opone a proteger la seguridad nacional de México, pero una cosa es proteger a México y otra muy diferente es ampliar las facultades sin establecer con claridad sus límites”, subrayó.
Aseguró que el dictamen no precisa su papel, si será consultivo, técnico o decisorio y con qué criterios se evaluará una inversión.
“Morena responde que no hay militarización, pero no contesta una sola de estas preguntas. No basta decir que se protege la seguridad nacional; hay que explicar quién decide, con qué criterios y sujeto a qué controles”, añadió.
AH