Entre cuestionamientos del PAN y Movimiento Ciudadano por la concentración de datos personales y biométricos en una base de datos a cargo del gobierno federal, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Operación de los Registros Civiles para garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los documentos y constancias correspondientes.
Avalado con 311 votos a favor, 131 en contra y 17 abstenciones, el proyecto turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación prevé armonizar y homologar la organización, funcionamiento y procedimientos de los registros civiles en el territorio nacional y en el exterior.
El ordenamiento crea el Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) como herramienta informática administrada por la Secretaría de Gobernación para la inscripción y la certificación de los hechos o actos asentados en los libros del Registro Civil, la gestión de la Clave Única de Registro de Población y la vinculación de los datos biométricos de las personas registradas.
La Secretaría de Gobernación establecerá los mecanismos y requisitos para que dependencias y entidades del sector público, sector privado y financiero puedan consultar y validar electrónicamente la información de los registros y datos contenidos en el SID, a través de la consulta a la Base de Datos Nacional del Registro Civil.
El resultado de dicha consulta tendrá validez y valor probatorio para acreditar plenamente el registro y estado civil de las personas.
Por ello, al fijar la posición del PAN contra el dictamen, la diputada Lizbeth Mata advirtió que la nueva ley abre la puerta a la Secretaría de Gobernación para concentrar y vincular los datos biométricos, en un tema que atenta contra la seguridad de las personas.
De igual forma, le otorga la facultad de establecer las medidas de seguridad administrativa, físicas y electrónicas de la información y documentación que deberá aplicar el Registro Civil en cada entidad federativa, “lo cual otorga el control en materia de seguridad, siendo un exceso de poder para el Ejecutivo federal y representando un riesgo de seguridad para los ciudadanos y para el país”.
En respuesta, la legisladora morenista Vanessa del Castillo defendió el proyecto de ley que, insistió, solo busca garantizar el derecho a la identidad de las personas.
“Estamos aquí para garantizarle a las ciudadanas y a los ciudadanos el derecho elemental, el derecho universal, el derecho a la identidad, porque no queremos que nuestros datos personales sean vendidos en Tepito o que hayan estado en personajes que hoy están precisamente viendo qué condena les van a dar, como García Luna”, arengó.
El emecista Braulio López alertó, a su vez, sobre el uso indebido de los datos personales concentrados por la Secretaría de Gobernación, poniendo a millones de mexicanos en situación de vulnerabilidad.
“El uso no justificado de datos biométricos representa una injerencia arbitraria a la privacidad y a la intimidad de las personas. Este dictamen lejos de garantizarlo, como promete, vulnera el derecho a la identidad, porque tampoco establece de forma expresa la protección de los datos personales”, remarcó.
El pleno de la Cámara de Diputados admitió las reservas del morenista Pablo Amílcar Sandoval para establecer expresamente medidas para la protección de datos personales:
“Deberán incluirse las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de datos personales, especialmente los biométricos, a fin de evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado”.
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