El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un conjunto de reformas a la Ley Federal de Derechos, entre las cuales destaca la imposición de cobros extraordinarios a los grandes consumidores de agua para uso agropecuario, así como la eliminación del llamado fondo minero para estados y municipios.
Avalado en lo general con 277 votos a favor y 121 en contra, el proyecto de decreto fue turnado al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Al fijar sus posicionamientos, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD cuestionaron la propuesta de última hora presentada por Morena para cobrar una cuota extraordinaria por cada metro cúbico de agua que exceda los 216 mil 364 en el sector agrícola y pecuario.
"Si aprueban esta reforma les van a quitar dinero y les van a quitar recursos a miles de campesinas y campesinos y personas que producen en todo el país. En este momento no se pagan derechos por ello, pero eliminan el artículo 224 y lo pasan al 223, donde sí van a estar afectados de pagos y hay una tabla de acuerdo a la región geográfica", acusó la priista Dulce María Sauri.
El dictamen avalado por Morena y sus aliados desaparece además la parte que correspondía a estados y municipios por la recaudación de los derechos aplicados a la actividad minera.
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La reforma propuesta por el Ejecutivo cancela la entrega de recursos a los gobiernos locales y establece, en cambio, la distribución de 85 por ciento a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para destinarlo a infraestructura educativa.
Además de cinco por ciento a la Secretaría de Economía para fomentar la actividad minera y el restante 10 por ciento al gobierno federal para proyectos de infraestructura.
Durante la discusión en lo particular, los diputados federales aprobaron modificaciones al dictamen para aumentar de 533 a 855 pesos el documento migratorio para visitantes extranjeros y de 149 a 380 pesos el derecho por la salida de ciudadanos de otros países por la vía aérea, con la disposición de asignar esos fondos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para agilizar la atención a 800 mil solicitudes de refugio pendientes de desahogar.
Con información de Elia Castillo.
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