El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal para castigar hasta con veinte años de cárcel el reclutamiento de menores de edad para actividades relacionadas con el crimen organizado.
Avalado con 415 votos de todos los grupos parlamentarios, el proyecto fue enviado al Senado para su análisis y aprobación.
¿Qué plantea la reforma?
La reforma adiciona un párrafo al artículo 201 para establecer como agravante de la corrupción de menores cuando se vincule con delitos de delincuencia organizada y sancionar con pena de 10 a 20 años de prisión.
Al fijar la posición de Morena, la diputada Naty Poob Pijy Jiménez sostuvo que la reforma envía a quien reclute a un menor para delinquir el mensaje de que enfrentará consecuencias proporcionales a la gravedad del daño de la causa.
“Se reconoce que el reclutamiento criminal no es solo un delito, es una forma moderna de esclavitud moral, una apropiación del futuro de la juventud mexicana”, puntualizó.
Por el PAN, Tania Palacios advirtió que mientras el crimen organizado recluta en redes sociales, en chats privados y en plataformas digitales, “nuestra legislación sigue anclada en un tipo penal pensado para un México analógico. El crimen ya migró al mundo digital, nuestra ley todavía no”.
Buscan frenar el reclutamiento forzado
El dictamen fortalece sanciones, sí, pero reduce un fenómeno estructural a una consecuencia penal, abundó.
La legisladora panista insistió en que no se puede permitir que el narcomenudeo tenga reclutadores adolescentes.
“No podemos permitir que el crimen organizado tenga guarderías, que la explotación sexual infantil se normalice en pantallas. Y quien utiliza un niño para delinquir no merece indulgencia, merece sanción ejemplar”, remarcó.
En representación del PRI, Miguel Alonso Reyes indicó que el reclutamiento forzado no está claramente tipificado como delito en nuestro marco legal, lo que constituye una grave omisión del Estado mexicano, pues perpetúa la impunidad y fortalece a la delincuencia organizada que ha encontrado terreno fértil ante esta laguna legislativa.
Aseguró que la reforma representa un avance, pero admitió que se debe ir más allá, porque adecuar la conducta del reclutamiento forzado bajo el tipo penal de corrupción de menores no equivale ni jurídica ni materialmente a reconocer como tipo penal al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
IOGE