Después de más de ocho horas de discusión y señalamientos de los opositores sobre la criminalización de los consumidores, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Salud para prohibir la adquisición, producción, fabricación, importación, exportación, venta y suministro de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Avalado en lo particular con 292 votos a favor y 163 en contra, entre ellos la mayoría de los legisladores de PT, una de Morena y otra más del PVEM, el proyecto turnado al Senado de la República prevé sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA (226 mil 280 pesos) a quienes desacaten el ordenamiento.
No obstante, la mayoría parlamentaria admitió e incorporó al dictamen una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para exceptuar de la prohibición el consumo y la posesión de los dispositivos referidos.
“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso”, precisó la adición.
Estableció asimismo que “se exceptúa de la prohibición, su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades o fines señalados en el párrafo anterior”.
Oposición cuestiona el proyecto
Previamente, durante la discusión en lo particular, la legisladora Iraís Reyes, de MC, calificó la reforma como la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia.
“Un dictamen que criminaliza adquirir, conservar, almacenar, transportar, distribuir o vender vapeadores con penas de hasta ocho años de cárcel, ocho años por un vapeador, ocho años por esto”, dijo, al tiempo de inhalar y exhalar un dispositivo.
Aquí la intervención:
Por el PAN, acompañado por legisladores de su partido enarbolando carteles con leyendas como “La salud no se improvisa, se protege”, el diputado Éctor Jaime Ramírez acusó al oficialismo de pretender el encarcelamiento de quienes sean sorprendidos con vapeadores.
Aquí la declaración:
A su lado, la legisladora panista, Verónica Pérez Herrera, hacía también uso de un vapeador.
En representación del PRI, la diputada Ana Isabel González se refirió igualmente a la prohibición de los vapeadores con castigos superiores a los aplicados por narcomenudeo.
Rodeada con pancartas en las que se leía “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, la representante priista ese artículo sostuvo que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico, a cualquier persona que consuma, suministre, produzca, importe este tipo de productos, tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.
Aquí puedes ver la sesión:
¿Qué establece el dictamen sobre los vapeadores?
Las reformas a la Ley General de Salud propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum establecen asimismo la prohibición de la publicidad o propaganda para promover el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.
Adicionalmente, se prohíbe la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, así como el uso ilícito del fentanilo.
Entre otros aspectos, la reforma prevé igualmente la universalidad del sistema nacional de salud mediante el intercambio del servicio entre instituciones públicas para garantizar atención oportuna, la contratación consolidada de medicamentos y el acceso a la salud digital como parte de la salubridad general.
IOGE