Con 461 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 123 constitucional para prohibir el establecimiento de un límite de edad máxima para el acceso a cualquier trabajo, salvo casos justificados.
El proyecto fue turnado al Senado para su ratificación aplica para trabajos y empleos en el sector privado, así como para servidores públicos.
La reforma en materia de igualdad y no discriminación laboral de personas mayores señala que entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo, “tampoco podrá establecerse un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleo”.
Además, entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, “en ningún caso podrá establecerse una restricción de edad máxima para el acceso o continuación en un cargo dentro del sector público”.
Según el dictamen, existe evidencia de que la participación de la población adulta mayor tiene impactos positivos en la sociedad a nivel general, toda vez que aporta experiencia, productividad y vitalidad a sus comunidades, centros de trabajo y familias.
Subraya que la exclusión laboral de las personas mayores no se da sólo en el sector privado, sino en el sector público, donde se han establecido limitaciones para el acceso a los cargos de más alto nivel jerárquico.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Karla María Rabelo, de Morena, sostuvo que es del dominio público que los adultos mayores enfrentan discriminación laboral.
Por ello se plantean modificaciones para garantizar a las personas de la tercera edad el derecho al trabajo, sin que medie discriminación alguna, lo que implica que ningún empleador, tanto en el sector público como en el privado, podrá establecer un límite máximo de edad para la contratación de un empleado.
Dicha disposición permitirá a las personas de dicho segmento poblacional seguir participando en la vida laboral y económicamente productiva del país, “lo cual salvaguarda sus derechos y libertades, pero sobre todo dignifica la vida, ya que podrán acceder a un empleo formal, a una fuente de ingresos, prestaciones de ley y seguridad social”.
JLMR