Diputados aprueban reforma para crear Comisión de la Verdad por caso Ayotzinapa

La Cámara de Diputados aprobó las reformas para otorgar al presidente la facultad de crear comisiones presidenciales de investigación, con lo que se dará sustento jurídico a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

Sesión en la Cámara de Diputados (Omar Franco)
Fernando Damián y Elia Castillo
Ciudad de México /

La Cámara de Diputados aprobó las reformas para otorgar al Presidente de la República la facultad de crear comisiones presidenciales de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, con lo que se dará sustento jurídico a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

Avalado con 328 votos a favor, 18 en contra y 118 abstenciones, el proyecto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé también la conformación de comisiones consultivas integradas por especialistas o representantes de la sociedad civil para resolver una consulta o emitir una opinión, así como comisiones intersecretariales para el despacho de asuntos en los que deban intervenir varias secretarías de Estado.

Sin admitir una sola de las propuestas de modificación de otras bancadas, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados avalaron el dictamen de la Comisión de Gobernación.

Al fundamentar el proyecto en tribuna, la legisladora morenista Rocío Barrera comentó que las comisiones presidenciales permitirán esclarecer situaciones que han afectado de manera trascendente los derechos humanos, han debilitado la credibilidad de las instituciones o han quebrantado la legitimidad de instancias o autoridades, “tal como ocurrió en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa”.

En términos del decreto, dijo, “estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación”.

Pretenden por ello constituirse como el mecanismo del sector público para abordar, junto con la sociedad civil, entes de otros órdenes o niveles de gobierno e incluso organismos internacionales, la atención o solución de cuestiones que por su trascendencia deban ser consideradas asunto de Estado.

“El propósito claro es dotar al Ejecutivo Federal, de elementos que, sin visiones partidistas promuevan la mejor atención de tales asuntos”, remarcó la diputada Barrera.

EVL


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