La Cámara de Diputados aprobó reformas y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de fortalecer los mecanismos de alerta de género y mejorar su efectividad.
Avalado por unanimidad, con 450 votos, el dictamen define las alertas de género como el conjunto articulado de acciones y mecanismos de protección de emergencia y temporales, ejecutadas en forma coordinada por los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
El proyecto fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
De acuerdo con el articulado, en el mecanismo de alerta y violencia de género se reconocerá y garantizará la participación activa de los organismos y organizaciones solicitantes, lo que mejorará su difusión una vez declarada la alerta.
Una vez notificada la declaratoria de alerta de género, las entidades federativas, municipios o alcaldías, de manera inmediata y coordinada, deberán implantar un plan de acción con perspectiva de género, orientado a adecuar las políticas públicas y cumplir con las medidas de prevención, atención, seguridad y justicia para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Adicionalmente se registrarán los datos e información para evaluar el cumplimiento de las obligaciones ante el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, observando los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, así como la protección de datos personales.
Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia deberán observar el respeto y la dignidad, los derechos humanos y la debida diligencia.
La debida diligencia quedó definida como la obligación de servidores públicos, dependencias y entidades de gobierno de atender y actuar dentro de un tiempo razonable y brindar respuesta eficaz, responsable desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, para la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencia.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño, precisó que en México hay 410 municipios de 19 entidades con declaratorias de alerta por violencia de género.
Por ello, el dictamen plantea articular entre autoridades de todos los órdenes de gobierno y en todos los poderes de la Unión, para hacerle frente a la emergencia.
AE