La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado de México para aumentar en un tercio la pena a quien incurra en el delito de usurpación de identidad, usando medios electrónicos, redes sociales o mensajería, informó el presidente de la comisión, Gerardo Ulloa Pérez.
La penalidad que se contempla actualmente es que de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 500 días multa a quien ejerza con fines ilícitos un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenecen a otro. Con el cambio sé específica a perjuicio de alguna persona física o jurídica colectiva.
El dictamen, acotó, es producto del análisis de dos iniciativas de ley presentadas por la bancada del Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, que pidieron atender este tema con el fin de inhibir los “hackeos” de cuentas electrónicas en redes sociales o mensajería y en los casos donde se lleve a cabo se castigue con mayor peso de la ley.
Por esa razón se modifica el artículo 264 y se adiciona uno más, el 265 bis, donde se establece que “se aumentará la penalidad en una tercera parte cuando se cometa mediante manipulación de medios electrónicos, telemáticos, informáticos, redes sociales o datos de envío”.
La diputada Juana Bonilla, de MC, enfatizó que este dictamen tiene una doble finalidad, mejorar la tipicidad del delito de usurpación de identidad y mostrar que el marco legal mexiquense se moderniza para estar a la par de una realidad donde los medios electrónicos hoy son fundamentales.
“Hoy en día es importante que legislemos con una visión de tecnología; claro, sin invadir otras competencias; establecer un aumento en la pena de la conducta de usurpación de identidad por medios digitales, telemáticos o redes sociales. Es muy importante en este siglo 21” acotó.
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Sobre todo, cuando el número de víctimas por robo de identidad a través de inteligencia artificial, de enero a agosto, pasó de 684 a mil 607 del año pasado a este, donde los principales vínculos para hacer el hackeo es a través de las redes sociales en 62.1 por ciento de los casos y 26.1 por ciento del teléfono celular.
El PVEM señaló que la usurpación de identidad es un crimen insidioso, más que un simple robo de información personal, es una violación de la confianza, un ataque directo a la autonomía individual y una amenaza constante a la seguridad financiera y emocional de la víctima y su círculo cercano, el cual daña a la víctima directa y a quienes están a su alrededor.
La siguiente semana será votado el dictamen en el pleno para enviarlo al Poder Ejecutivo para que se publique en la Gaceta de Gobierno y pueda entrar en vigor.
EMG